Luego de que el 23 de agosto pasado se aprobase la media sanción de la reforma de Ley de Alquileres que impulsa la oposición, la Cámara de Diputados ya piensa en la próxima sesión, que de no mediar imponderables se realizará el próximo miércoles 13 de septiembre con un temario aún en construcción.

La semana del calendario elegida para abrir el recinto es la que se encuentra entre las elecciones de Santa Fe del próximo domingo y las de Chaco del 17 de septiembre.

La complejidad de armar el temario de la sesión tiene que ver con que la mayoría de los proyectos no están acordados entre el oficialismo y Juntos por el Cambio.

— Ampliación de licencias de trabajo

El 22 de agosto pasado, el Frente de Todos firmó su propio dictamen de mayoría, y al día siguiente Juntos por el Cambio hizo lo propio con un proyecto más moderado. Hay un tercer dictamen impulsado por la socialista Mónica Fein del Interbloque Federal.

El horizonte no está totalmente despejado para el oficialismo, que hasta ahora solo logró el compromiso de los cuatro diputados del Frente de Izquierda para apoyar el proyecto en el recinto.

Además recuerdan que hubo cuatro intentos fallidos en el pasado reciente, que incluyeron una media sanción en el 2006.

El dictamen oficialista, que cosechó 55 firmas, propone extender las licencias por paternidad de los exiguos dos días que establece la legislación vigente a 45 días, en tanto que las licencias por maternidad pasan de 90 a 126 días, y se crearían licencias para padres adoptantes de 126 días.

Además, se crea la licencia por violencia de género, que será de 15 días laborables hábiles por año calendario, prorrogables por una única vez por otro período igual; en tanto que también se crea la licencia por interrupción del embarazo, que será de 10 días corridos.

En el dictamen de Juntos por el Cambio las licencias por violencia de género y por interrupción del embarazo no están contempladas, pero sí la licencia por técnicas de reproducción humana asistida, que al igual que en el dictamen oficialista se fijó en hasta 15 días continuos o discontinuos por año.

También comparte con el dictamen de mayoría el reconocimiento del derecho de monotributistas, monotributistas sociales y trabajadores autónomos, que en ambos dictámenes se establece que percibirán una asignación equivalente al pago mensual del Salario Mínimo Vital y Móvil.

La gran diferencia del dictamen opositor es que propone llevar las licencias para personas gestantes y adoptantes a 98 días (y no 126), mientras que las licencias para trabajadores no gestantes se extienden en un primer momento a 15 días, con el objetivo de llevarlas a 45 días (como en el dictamen oficialista) pero gradualmente en un período de seis años.

— Ley de blanqueo

Un tema que al Poder Ejecutivo le interesa convertir en ley lo antes posible es la nueva ley de “declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado”, más conocido como “ley de blanqueo”.

Se trata de un proyecto que obtuvo dictamen el martes pasado, días después de las exposiciones del titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y del director general de Aduanas, Guillermo Michel, quienes defendieron la necesidad de la iniciativa.

Juntos por el Cambio rechazó en comisiones esta iniciativa porque consideran que genera un desincentivo hacia los contribuyentes cumplidores y premia a quienes se burlaron de la ley.

Este nuevo blanqueo de capitales nació en el marco de un acuerdo de intercambio de información fiscal y financiera con Estados Unidos que el ministro de Economía, Sergio Massa, acordó el año pasado.

El proyecto fija un plazo de 360 días corridos desde la entrada en vigor de la ley para acceder al blanqueo, que comprende a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas.

La alícuota que se aplicará cuando exista repatriación será -sobre el monto exteriorizado- de un 5%, desde la entrada en vigencia de la ley y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos; de un 10%, hasta 240 días después; y de un 20% para los declarados entre los 240 y 360 días desde que se haya puesto en marcha.

Según precisa el texto, la iniciativa tiene como beneficios “la exención de determinados impuestos y la liberación de acciones judiciales y administrativas”, al tiempo que “los declarantes tributarán un impuesto especial cuya alícuota es sustancialmente inferior a aquella que resulta de aplicación en comparación con el régimen general”.

Los bienes comprendidos en el blanqueo son: la tenencia de moneda nacional y extranjera en el país, tenencia de moneda extranjera en el exterior, activos financieros del país o del exterior (acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales), criptoactivos (criptomonedas, monedas digitales o instrumentos similares, títulos, bonos), -inmuebles en el país o en el exterior y demás bienes tanto en el país como en el extranjero, incluyendo créditos.

Por otra parte, la iniciativa introduce como novedad un régimen simplificado con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos tres períodos fiscales, con un tope de hasta 50 mil dólares.

Quedan excluidos del régimen de blanqueo los miembros del Poder Ejecutivo, los integrantes del Poder Legislativo y los magistrados del Poder Judicial a nivel nacional, provincial y en la Ciudad de Buenos Aires en funciones desde el 2010 y la actualidad.

— Nuevas universidades nacionales

Se trata de un tema que había quedado pendiente desde fines del año pasado, cuando el oficialismo impulsaba un paquete ocho nuevos centros educativos, pero no pudo aprobarlo en el recinto por desencuentros con la oposición.

De los ocho dictámenes, cinco conservaban estado parlamentario: la Universidad Nacional del Delta, Universidad Nacional de Pilar, Universidad Nacional de Ezeiza, Universidad Nacional de Río Tercero y Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz (Paraná, Entre Ríos).

El martes pasado, se volvió a dictaminar aquellas que habían perdido estado parlamentario: la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, la Universidad de Cuenca del Salado, que funcionará en Cañuelas; y la de Saladillo.

Respecto a este paquete de ocho nuevas universidades, la que genera más ruido en la oposición es la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que tiene como autor a Hugo Yasky, ya que consideran que se trata de una casa de estudios que está partidizada con un claro sesgo kirchnerista.

— Ciencia y tecnología

Este martes, la comisión de Ciencia y Tecnología que preside el radical Facundo Manes se propone avanzar con el dictamen a favor del proyecto que crea el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, una iniciativa que ya tiene media sanción del Senado.

El tema, que cobró relevancia a partir de los estridentes anuncios del candidato presidencial Javier Milei a favor de cerrar el Ministerio de Ciencia y el Conicet, ya fue debatido en dos reuniones informativas a las que asistió como expositor el ministro del área, Daniel Filmus, el 21 de marzo y el 1 de junio.

El proyecto estipula una inversión del 0,85% del PBI en 2025 y del 1,70% en 2030.

— Ley de protección de Aerolíneas Argentinas

Se trata de un proyecto que es rechazado de plano por Juntos por el Cambio, aunque el oficialismo tiene buenas posibilidades de aprobarlo ya que tiene el apoyo de los cuatro diputados de la izquierda, los cuatro de Provincias Unidas, los gobernadores electos Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) y al menos los dos socialistas del interbloque Federal.

La iniciativa presentada por Máximo Kirchner prohíbe la transferencia de las acciones de Aerolíneas Argentinas sin la autorización del Congreso nacional con las dos terceras partes de sus miembros, haciendo mucho más difícil su reprivatización.

“Si bien la Ley 26.466 declara la utilidad pública de las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A., no previó un mecanismo que limite la transferencia de aquellas acciones, por lo que es necesario establecer el alcance de dicha utilidad y plasmar una de las voluntades de la ley – o el espíritu o finalidad”, señala el proyecto en sus fundamentos al referirse a la normativa del 2008 de expropiación de la aerolínea de bandera bajo el Gobierno de Cristina Kirchner.

Además se advierte que “en el marco de la campaña electoral, los principales candidatos a la presidencia de la nación han dejado en claro sus pretensiones privatizadoras, de ajuste y quita de subsidios en relación con Aerolíneas Argentinas”.

— Ley Nicolás

Existe un abanico de proyectos cuyo dictamen fue obtenido hace más tiempo, como por ejemplo la “Ley Nicolás” sobre seguridad del paciente.

Esta iniciativa, dictaminada el 7 de junio pasado en la comisión de Legislación General en base a la síntesis de dos proyectos de Fabio Quetglas (UCR) y Mónica Macha (Frente de Todos), se basa en el caso de Nicolás Deanna, fallecido en noviembre de 2017 por una meningitis bacteriana que no fue diagnosticada correctamente.

La iniciativa tiene como finalidad mejorar la atención de los pacientes, las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud y reducir los eventos médicos inesperados durante la atención.

Prevé la creación de la historia clínica digital encriptada e interoperable; certificaciones obligatorias y periódicas para los profesionales de la salud y las instituciones médicas; desarrollo de protocolos de actuación y sistemas de auditoría y vigilancia.

También define criterios y conceptos de seguridad, incidente, evento adverso evitable, evento adverso no evitable, acto temerario y evento centinela, que es un hecho potencialmente peligroso, no anticipado ni deseado, que ocurre en las instituciones de salud.

De acuerdo al proyecto, las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán “dotar a su organización de los medios que permitan: establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables; diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas”, entre otros puntos.

También se establece que “la autoridad de aplicación debe implementar un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos”.

— Otros temas posibles

Este miércoles, la comisión de Discapacidad intentará avanzar en la firma del dictamen de la capacitación obligatoria para funcionarios públicos de la Lengua de Señas Argentinas. Si eso sucede, estará lista para desembarcar en el recinto de la Cámara de Diputados.

En esa misma condición están los dictámenes vinculados al régimen previsional diferencial para brigadistas de incendios forestales, y el de trazabilidad de la pesca y la acuicultura.