Por Sebastián Rodríguez Mora

Los sindicatos congregados en la Confederación General del Trabajo (CGT) buscarán impugnar desde este lunes, a través de presentaciones ante la Justicia, la reforma laboral propuesta por el Gobierno del presidente Javier Milei y aprobada el viernes en el Congreso nacional, según afirmaron a EFE fuentes del equipo legal de la central obrera.

La estrategia judicial incluirá múltiples argumentos para invalidar el nuevo marco normativo, como el planteo de que éste es contrario al principio de progresividad consagrado en la Constitución del país, y que obtura principios de organización y protesta sindical.

La ley, que modifica una normativa de 1976, reduce la base de cálculo de las indemnizaciones en detrimento de los trabajadores, plantea alternativas al pago de las horas extra, reduce indemnizaciones con base en un nuevo cálculo, permite que las mismas sean abonadas en cuotas y habilita la fragmentación de vacaciones.

Además limita el derecho a la huelga y la actividad sindical a través de varias medidas: amplía el listado de sectores considerados esenciales, que no se podrá prestar menos del 75 % del servicio en caso de protesta; tipifica como infracciones “muy graves” los bloqueos o tomas de establecimientos; y elimina el principio de que un convenio colectivo sigue vigente tras su vencimiento hasta la firma de uno nuevo.

El Senado aprobó el proyecto de reforma laboral el viernes por la noche por 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, y el Gobierno de Milei lo festejó asegurando que producirá un impulso para el registro de trabajadores y mayor oferta laboral.

Desde varios sectores del sindicalismo argumentan que el texto de la reforma laboral aprobada va en contra del principio de progresividad de la Constitución, también conocido como de no regresividad, que impide que los derechos laborales ya sancionados sean reducidos a través de nueva legislación.

En una columna publicada el miércoles en La Nación, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez planteó que “defender la no regresividad en materia laboral no es una postura ideológica: es cumplir, con rigor constitucional y compromiso democrático, que el trabajo siga siendo un derecho y no se convierta en una mera variable de ajuste”.

La secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y secretaria de Géneros de la CGT, Carla Gaudensi, dijo a EFE que la reforma es inconstitucional y una “aberración”.

“Seguiremos en la calle protestando y también haciendo presentaciones judiciales para insistir en la inconstitucionalidad de todos estos aspectos, que derogan un montón de leyes protectorias para el trabajo y que además garantizaban derechos para todos nosotros”, comentó Gaudensi en referencia a que la reforma aprobada derogó la ley 12.908, que protegía la labor periodística.

Sobre el tema, la sindicalista resaltó que es “simbólico” que el Ejecutivo de Milei haya propuesto derogar el Estatuto del Periodista.

agregó que “sirve para dar un resguardo especial en el caso de despidos a periodistas, porque como sabemos estamos mucho más expuestos a distintas presiones por lo que hacemos”.

FATPREN que se plegará a los reclamos judiciales de CGT mientras que intenta buscar apoyo parlamentario para conformar un nuevo marco legal para los periodistas.

EFE.