Por Ramiro Melucci

La decisión de implementar el sistema de fotomultas sin consentimiento del Concejo Deliberante, anunciada por el intendente el lunes de la semana pasada, emerge como la más controvertida en lo que va de la gestión de Guillermo Montenegro.

El jefe comunal apeló a una modificación en la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) que casi nadie conocía (solo una parte de la dirigencia política bonaerense) para eludir al cuerpo deliberativo, donde el tratamiento del convenio con la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) que establece el sistema no prosperaba.

Tal cambio legislativo fue incorporado a través de la ley de presupuesto bonaerense, promulgada el 29 de diciembre del año pasado y publicada dos días después en el Boletín Oficial. Exime del requisito de aprobación del Concejo “en los casos de los convenios suscriptos con los organismos de la Administración Central, desconcentrados, descentralizados”, así como “sociedades y empresas del Estado, tanto de la Provincia de Buenos Aires como del Estado Nacional”. El intendente interpretó que las universidades nacionales, como la de San Martín, están incluidas en ese pelotón; en la última sesión, la oposición lo puso en duda.

El convenio con la Unsam es anterior al cambio introducido en la LOM: data del 21 de diciembre. Había sido enviado al Concejo el 7 de enero. Recibió de entrada más cuestionamientos que apoyos y estaba destinado al archivo. Con una salvedad: los bloques opositores no estaban, ni están, en contra de las fotomultas, sino del camino elegido para aplicarlas. Primero Acción Marplatense y luego el Frente de Todos reclamaron que se realice una licitación para transparentar el proceso.

Montenegro no tomó en cuenta el reclamo y prefirió avanzar con su iniciativa, que le otorga a la Unsam el negocio de las fotomultas por cinco años, con una prórroga automática por igual período si seis meses antes del vencimiento ninguna de las partes declara su voluntad en contrario.

El 56% de lo que se recaude quedará para la Unsam, el 24% para la Municipalidad y el 20% restante para la Provincia. El intendente dispuso que lo que le quede al municipio se destine a mejorar la seguridad, la educación y la infraestructura vial.

Como la Universidad no es proveedora de cámaras ni aparatos para medir la velocidad, se desprende que una empresa estaría a cargo de parte de las tareas. La cláusula decimosegunda del Anexo II del convenio lo da a entender de forma inversa: “La Universidad no podrá ceder ni transferir en todo o en parte los derechos y obligaciones (…) salvo autorización expresa de la Municipalidad”.

Por caso, en el convenio que había firmado Carlos Arroyo con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional La Plata –que Montenegro rescindió en agosto del año pasado– la operatoria quedaba en manos de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (Cecaitra). Aunque nadie lo confirmó oficialmente (pero tampoco lo desmintió), ahora se habla de Secutrans porque en otros municipios esa firma llegó como proveedora de cinemómetros y otros instrumentos de medición de velocidades de la mano de la Unsam.

Desde el mismo instante en que el convenio ingresó al Concejo predominaron las dudas. Los concejales solicitaron informes ampliatorios a la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría Legal y Técnica y el contador municipal, pero las respuestas nunca llegaron.

Algunas precisiones dio el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, cuando en febrero presentó el presupuesto de su área en la Comisión de Hacienda. Dijo que el acuerdo preveía que se irían confeccionando actas de trabajo para llevar adelante la ejecución. “En la primera se fija la colocación de 200 dispositivos semafóricos y 30 cinemómetros, que son los que miden la velocidad. A partir de allí, con el trabajo que hemos hecho con el Observatorio de Seguridad Vial y la Comisión Asesora de Seguridad Vial, le hemos enviado una primera nota a la Universidad para la colocación en una primera etapa de 40 dispositivos”, agregó.

El secretario también comentó que ya se estaban colocando los primeros equipos, a pesar de que el proyecto no estaba aprobado en el Concejo. Los datos más actualizados los aportó el gobierno municipal en el anuncio del lunes: en una primera etapa se prevé que funcionen 50 dispositivos y en el transcurso del año llegarían a 240.

Primero Acción Marplatense y luego el Frente de Todos reclamaron que se realice una licitación para transparentar el proceso. Montenegro no tomó en cuenta el reclamo y prefirió avanzar. 

Desde el inicio del debate legislativo los reflectores apuntaron al oficialismo debido al cambio de giro que tuvo el expediente: la Secretaría del Concejo le eliminó el paso por la Comisión de Educación –dominada por la oposición– y le agregó el de Seguridad, donde hay una mayoría oficialista. Recurrió a un método rudimentario que –sesión mediante– generó toda clase de críticas: arrancó una hoja y la reemplazó por otra.

El proyecto fue aprobado en la Comisión de Seguridad, donde lo que más llamó la atención fue el voto del ex oficialista Nicolás Lauría, y en la de Movilidad Urbana, de mayoría oficialista. Sin embargo, desde marzo estaba empantanado en la Comisión de Legislación, donde el interbloque de Juntos por el Cambio acostumbra a construir mayorías con Horacio Taccone, de Acción Marplatense.

Esta vez, sin embargo, el edil dijo desde el inicio que la mejor forma de contratar un sistema de fotomultas es mediante una licitación. Es decir, de la manera en que lo estaba haciendo Gustavo Pulti antes de culminar su mandato. Advertido de ese desacuerdo de AM con el gobierno, el Frente de Todos esperaba la oportunidad de abrirle al expediente la puerta del archivo. 

Las posibilidades de consenso, además, estaban limitadas de antemano porque el convenio con la Unsam venía cerrado: no admitía ninguna modificación. Era una clara diferencia con el de la UTN La Plata, que se había aprobado en el Concejo en diciembre de 2017 tras los cambios redactados por la oposición.

En ese contexto, dominado por la falta de acuerdo, carencia de informes oficiales y fuertes acusaciones de la oposición, Montenegro dobló la apuesta y puso en marcha el convenio. Estaba la leña y el fuego, y echó combustible. Las llamaradas rozaron al radicalismo, socio vital en la alianza de gobierno local, cuyos concejales enmudecieron súbitamente en la sesión del último jueves, cuando arreciaban las críticas de Acción Marplatense, el Frente de Todos y Crear.

Lejos de terminar, la saga de las fotomultas parece tener un nuevo comienzo: la presidenta del bloque kirchnerista, Marina Santoro, consultó sobre la legalidad de la decisión del intendente al flamante presidente del Tribunal de Cuentas bonaerense, Federico Thea (hombre de confianza de Axel Kicillof), y nadie descarta que en algún momento, antes o después de que comiencen a caer las multas, la Justicia también deba dar un veredicto.