Por Antonia Portaneri, Cecilia Cross y Rosaura Audi

La ley de equidad de género en los servicios de comunicación, que se acaba de reglamentar, busca revertir desigualdades históricas entre varones y mujeres y diversidades. En su tratamiento se pusieron en juego las expectativas y el compromiso de muchas trabajadoras, colegas y compañeras que quieren un futuro distinto en los medios. Su implementación es una oportunidad para construir entornos laborales más igualitarios y libres de violencia de género.

Sindicatos de prensa, integrantes de carreras universitarias de comunicación y organizaciones que reúnen a comunicadoras de todo el país iniciaron en marzo de 2020 un proceso que puso de manifiesto la urgencia de abordar y reparar las desigualdades que padecemos las mujeres y diversidades de los medios, como también las diferentes violencias que se ejercen en redacciones, estudios de radio y de TV.

Si bien las estadísticas laborales reflejan una creciente participación de las mujeres en el trabajo remunerado, incluso en tareas tradicionalmente masculinizadas, todavía no se alcanzan los estándares de nuestra legislación en términos de igualdad. A pesar de que nuestra Ley de Identidad de Género es de avanzada, que el diálogo social es una realidad cotidiana, que Argentina fue de los primeros países en ratificar el convenio 190 de OIT, en el debate que habilitó la sanción de la Ley 27.635 se dio cuenta de una agenda urgente y desafiante para el sector. En efecto, hay un amplio registro de situaciones de maltrato, acoso, menores oportunidades de carrera y salarios más bajos para mujeres y diversidades, represalias hacia quienes denuncian o acompañan las denuncias, por mencionar las más recurrentes. Además, faltan espacios especializados en los ámbitos laborales que contengan a las personas víctimas de situaciones de violencia de género, tomen y den curso a las denuncias.

Luego de arduos meses de consulta y diálogo social, el 8 de junio pasado el Poder Ejecutivo Nacional cumplió con la reglamentación de la ley, estableciendo que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación. Con esta decisión política y administrativa, comienza ahora otra etapa en la que el desafío será comprometer a los distintos actores (cámaras, sindicatos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, universidades y otros centros de formación para el trabajo) a hacer efectivas las expectativas que esta norma ha alentado. Quienes tenemos responsabilidad en la ejecución de políticas públicas sabemos de la importancia de los procesos, en los que se crean condiciones valiosas para el objetivo buscado.

En todas las etapas, el desafío desde el Estado ha sido construir de forma participativa, incluyendo a organizaciones, ciudadanos y ciudadanas que son parte de la política y que en su día a día la convertirán en prácticas sociales concretas. Desde ese punto de vista, la reglamentación e implementación de la ley brindan herramientas que los trabajadores y las trabajadoras necesitan para posicionarse como agentes de esos cambios sociales.

Desde las empresas de medios públicos – Radio y Televisión Argentina SE, Télam SE y Contenidos Públicos SE-, se ha trabajado en la transformación institucional con perspectiva de género y diversidad. Se desarrollaron guías para la producción de contenidos audiovisuales, recomendaciones sobre el tratamiento de contenidos, se difundieron protocolos para prevenir la violencia y se generaron condiciones para que mujeres y diversidades accedieran a puestos tradicionalmente masculinos, como camarógrafa, directora de piso, presentadora o relatora.

Por citar un hecho reciente, la cobertura del Mundial de Qatar en los medios públicos contó con un amplio staff de mujeres periodistas, relatoras y comentaristas, en una decisión novedosa en un evento de esta naturaleza. En este caso, como en otros, las empresas de gestión estatal lideran cambios que luego se replican en todo el ecosistema mediático.

En este marco, los medios públicos adoptaron rápidamente el principio de equidad en las nuevas designaciones de personal y, por lo tanto, llegan a la reglamentación de la ley con un recorrido hecho. Pero el Estado, además de garantizar el cumplimiento de la ley en su ámbito de actuación directa, es el responsable de buscar los consensos y el mejor diseño institucional para la implementación efectiva de la equidad en las empresas de servicio de comunicación de gestión privada con o sin fines de lucro.

Esta etapa amplió la conversación inicial sobre la ley y fue una gran oportunidad para poner sobre la mesa los beneficios que reporta para un medio de comunicación desarrollar entornos con inclusión laboral con perspectiva de género laboral y diversidad sexual, con una distribución más equitativa de las tareas y con mecanismos de prevención de la violencia.

En este sentido, el Ministerio de Trabajo, como autoridad de aplicación, tendrá a su cargo la creación del registro de servicios de comunicación previsto por la ley y el establecimiento de programas y procesos que permitan construir el camino hacia la equidad que plantea la ley.

Todavía hay mucho trabajo por delante para alcanzar la equidad de género. En este camino, no siempre lineal, no exento de discusiones, es importante saber que nos sostiene el compromiso incansable de ciudadanos y ciudadanas y la decisión política para que cada paso cuente. Estamos convencidos y convencidas de que los medios con mayor equidad serán mejores medios y, debido al papel que desempeñan en la sociedad, esto repercutirá también en la calidad de nuestra democracia.

(*): Antonia Portaneri, subsecretaria de Coordinación Política e Institucional de la Jefatura de Gabinete.

(*): Cecilia Cross, subsecretaria de Políticas de inclusión en el Mundo Laboral, del Ministerio de Trabajo.

(*): Rosaura Audi, subsecretaria de Medios Públicos, de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.