El secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, anticipó que la gestión del intendente Carlos Arroyo apelará la medida cautelar que suspendió el último aumento del boleto, para tratar de evitar así que las empresas de micros deban retrotraer la tarifa a su antiguo valor de $6,86.

Luego de que el juez en lo contencioso y administrativo Marcelo Fernández considerara que la ordenanza sancionada el pasado 29 de diciembre no cumplió con el requisito de ser aprobada por la “mayoría absoluta” del Concejo Deliberante, Vicente aseguró que mediante la apelación, el gobierno intentará “defender los intereses del municipio”.

Además calificó a la medida del magistrado como una “acción política”.

En diálogo con Radio Brisas el funcionario planteó hoy una postura diferente a la que el Ejecutivo había expuesto en las últimas horas, cuando a través de un comunicado de prensa, había expresado su voluntad de acatar el fallo judicial.

“Hay una mirada parcial y antojadiza. Hay un error de interpretación grosero. Esto, lo único que busca, es atacar las bases del gobierno y atacar a una gestión municipal”, sostuvo el funcionario tildando a todo el asunto como “una acción meramente política”.

En el comunicado emitido ayer, la Municipalidad había expresado una clara intención de aceptar lo dispuesto por el juez, informando que ya se habían iniciado los trámites para retrotraer el valor del boleto.

Para ello -según se informó- ya se habían “cursado comunicaciones al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), las empresas prestatarias del servicio urbano de transporte de pasajeros y a los demás organismos nacionales”.

Pero esta mañana Vicente planteó que ahora el municipio buscará evitar que la tarifa vuelva a su valor anterior.

Además remarcó que en su resolución, el juez Fernández “suspendió” transitoriamente pero no anuló el último aumento.

Asimismo mostró especial interés en destacar que en este caso la Justicia cuestionó la votación que realizó el Concejo Deliberante pero no adoptó ninguna decisión sobre las denuncias acerca de la existencia de irregularidades en el estudio de costos.

En efecto, en su resolución el juez Fernández mencionó cada una las de objeciones realizadas contra el estudio de costos que en estos momentos son investigadas por la Justicia Federal.

Pero indicó que “la contundencia del argumento” sobre cómo había sido votada la ordenanza, por lo pronto, “desplazaba la necesidad” de referirse al resto de las irregularidades denunciadas.