El gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó en la jornada de hoy con su publicación en el Boletín Oficial la modificación del artículo 6 del Decreto Nº 635/21, que establece un régimen de determinación de los precios que se coticen en los contratos de obra pública destinados a la construcción de viviendas, así como en los programas o planes sociales de construcción o mejoramiento de viviendas financiados por el Estado provincial.

La normativa citada precedentemente dispone que los contratos se denominarán en pesos y su equivalente en Unidades de Vivienda (UVI), conforme la Ley Nacional Nº 27.271 y a partir de su modificación, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (que ha sido designado Autoridad de Aplicación) queda facultado para dictar normas interpretativas, aclaratorias, complementarias y operativas necesarias a los fines de la aplicación del nuevo régimen.

Los considerandos de la norma publicada indican que la situación habitacional exige una inmediata adopción de medidas tendientes a lograr un sistema ágil y eficiente que permita ejecutar de un modo más dinámico las obras y homogeneizar los procedimientos de determinación de los precios con los lineamientos dictados por el Gobierno Nacional mediante la Ley Nº 27.397 y que dadas las características especiales de este tipo de construcciones y las modalidades con relación al tipo de financiamiento de los programas y/o planes sociales de construcción o mejoramiento de viviendas, resulta necesario y conveniente investir al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires como Autoridad de Aplicación, modificando el artículo 6º del Decreto Nº 635/21 en pos de la concreción de los objetivos planteados precedentemente.

En ese marco, el citado punto de la reglamentación que es modificado, quedará desde ahora redactado de la siguiente forma “Artículo 6°: Designar Autoridad de Aplicación al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, facultándolo a establecer la Metodología de Determinaciones de Precios en los Contratos de Obra Pública destinados a Vivienda, pudiendo dictar las normas interpretativas, aclaratorias, complementarias y operativas necesarias a los fines de la aplicación del nuevo régimen.”