“Se solicita al municipio tomar acciones inmediatas para evitar impactos en el ambiente y preservar la higiene urbana y la salubridad de la población“.

Con esa frase concluye un informe que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) le remitió al intendente Carlos Arroyo en el mes de septiembre, advirtiéndole sobre los graves problemas existentes en el predio de disposición final de residuos.

En ese documento la autoridad ambiental bonaerense habló sobre circunstancias “críticas” que la comuna debía atender de manera “urgente” para evitar situaciones de colapso.

Todas las observaciones fueron realizadas luego de una visita protagonizada hace dos meses por una comisión técnica del organismo, acompañada por el director de gestión de Residuos del municipio, Fernando Moris.

En su recorrida funcionarios detectaron falencias de todo tipo.

Entre otras cosas cuestionaron cómo se realiza la disposición y la compactación de basura, advirtiendo que por ese motivo la vida útil remanente del predio ya se redujo a un plazo de apenas entre “tres y cuatro meses”.

Asimismo hubo observaciones sobre la discontinuidad del Plan de Inclusión Social que se había puesto en marcha para asistir a los recuperadores informales y se subrayó la falta de avances para dotar al lugar de una infraestructura adecuada para que estas personas puedan realizar sus tareas.

Si bien el OPDS instó al intendente a tomar cartas en el asunto, ese informe parece haber sido ignorado.

Su contenido describe algunos de los motivos por los que desde hace ya cinco días las ciudades de Mar del Plata y Batán permanecen sin servicio de recolección.

Entre los conflictos en curso, figura la decisión de la Policía de la Provincia de no continuar prestando servicios de vigilancia en el predio debido a la negativa de la comuna a incrementar el valor de las horas adicionales que les paga a los 9 uniformados que realizan ese trabajo.

Actualmente reciben 77 pesos por hora y reclaman que esa cifra se eleve a 145.

Pero en simultáneo, desde ayer los recicladores también realizan una medida de fuerza para exigir que la comuna realice obras de mejoras en en playón de descargas.

Se trata de las mismas obras que meses atrás también reclamó la Provincia a través de su autoridad ambiental.

La protesta de los recuperadores impidió que este lunes el servicio se reanudara luego de que la empresa Tecsan, a cargo de la operación del predio, resolviera hacerse cargo de contratar a una agencia de seguridad privada.

Pero ni bien algunos camiones intentaron ingresar al predio fueron recibidos con piedrazos, lo que provocó que el Sindicato de Camioneros, con el apoyo de la UOCRA y el gremio de municipales, interrumpiera el servicio para reclamarle a la gestión de Arroyo una solución definitiva.

El informe del OPDS ofrece una síntesis de las múltiples dificultades que existen actualmente en el predio, muchas de ellas originadas por la discontinuidad de las obras y acciones planificadas hace algunos años.

El texto señala que durante los últimos meses el municipio “no respetó la secuencia del relleno sanitario por terrazas” lo que generó problemas para el acceso y la compactación de la basura.

“Por ello la vida útil remanente del predio es de tres a cuatro meses, un tiempo insuficiente para desarrollar las tareas de infraestructura requeridas y dar continuidad a las tareas de relleno sanitario”, indicó el organismo.

El OPDS también llamó la atención sobre “la presencia de recuperadores en el área de descargas, lo que genera riesgo para estas personas y desorden en la recepción y compactación de los residuos ingresados”.

En su visita al lugar, los funcionarios comprobaron que estas personas no sólo trabajan en el lugar asignado, sino que también lo hacen en otros sectores “lo que genera desorden, voladura de material y falta de control“.

Sumado a eso notaron la presencia de “construcciones precarias que indican que algunas de estas personas habitan en el lugar”.

Como recomendación el organismo le pidió al intendente que la Municipalidad cumpla con el plan de Inclusión Social que estaba en marcha desde la anterior gestión y que recurra a los fondos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había puesto a disposición para financiar ese trabajo.

Sin embargo desde que el informe se elaboró hasta hoy, surgió una novedad. Por la falta de continuidad de esas tareas y el incumplimiento de algunos requisitos el banco canceló el préstamo.

La cifra, de unos 20 millones de pesos, hubiese permitido cumplir con la realización de algunas obras cuya ausencia no sólo motiva la protesta de los recicladores, sino que también, fue observada por el OPDS.

Es que el propio organismo pidió que se cumpliera con la construcción de un playón acondicionado, pavimentado y cercado que además contara con baños, un área semicubierta y servicios de vigilancia.

El OPDS también señaló que “la gestión de lixiviados es crítica” debido a que la capacidad de los sistemas para su tratamiento está “colapsada”.

Lo que debería suceder es que la comuna licite la ampliación prevista, cosa que aún no logró hacer por “falta de financiamiento” para ejecutar la obra.

En ese contexto, el OPDS notó que para sobrellevar la situación se recurrió a una solución técnicamente controvertida.

En una de las lagunas para el acopio de este tipo de líquidos se construyó un “sobrecoronamiento” que ya exhibe “derrames incipientes” y que según advirtieron los especialistas “podría colapsar“.

Por eso recomendaron que el municipio avanzara “de forma inmediata” con la ampliación de la planta para el tratamiento de lixiviados.