La Justicia, en numerosas sentencias, le dedica párrafos a la situación de la periferia y el “abandono” del Estado.
“La violencia se ha tornado un modo de supervivencia en las periferias de las grandes urbes. La ausencia de mecanismos políticos-sociales-educativos eficaces de intervención vinculado con el descontrol del uso abusivo de drogas, no se puede valorar para agravar la sanción, toda vez que es una cuestión que excede la situación particular y nos afecta a todos como parte de esta sociedad”, había considerado la jueza Mariana Iriani en la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 a Juan Carlos Páez por haber asesinado a Ricardo “Riqui” Rodríguez en el barrio Parque Hermoso.

Un análisis similar se pudo leer en la sentencia por “La Matanza en el barrio El Martillo”, un juicio que terminó con la prisión perpetua de cuatro personas por haber linchado a Nelson Alderete.

“En ese barrio, en aquel momento, no existía la justicia penal ni tantas otras instituciones, y de seguro, nadie, absolutamente nadie, representaba un procesamiento penal como amenaza”, había expresado el juez Juan Manuel Sueyro. A su turno, el magistrado Fabián Riquert añadió que en esta época existe un “mal que aqueja a nuestro país” al que identificó como “anomia” que incluso “se agudizó” por la creación de reglas propias de grupos que viven en condiciones de exclusión. “Ya no se trata del mero incumplimiento de las normas, sino que aparecen bajo la superficie otras ‘normas míticas o códigos prácticos’ que en forma ‘paralela’ se encuentran vigentes, y que rigen en determinado territorio para sus habitantes, donde sus derechos básicos se encuentran fuertemente resentidos”, dijo.

“Esta violencia se observa principalmente en las periferias de las grandes ciudades de nuestro país. No sólo la ausencia del Estado sino que los conflictos entre ‘grupos antagónicos’ de un barrio de nuestra ciudad como ‘El Martillo’ se resuelven ‘entre ellos’”, expresó.

“Se advierte que en una misma ciudad aparecen dos categorías de ciudadanos: los de las áreas céntricas/residenciales y ‘el resto’ de los de los barrios más periféricos, donde el contrato social entre gobernantes y gobernados se ha resentido, al punto de no intervenir con la intensidad necesaria, incluso en instancias previas a los hechos de violencia”, consideraron finalmente los jueces.