En el marco de la mega causa “Lavado Total“, la Justicia Federal amplió el procesamiento de tres detenidos con prisión preventiva y procesó a otra imputada que estaría vinculada con el narcotráfico y lavado de activos.

Lo resolvió el juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N° 3 de esa ciudad que decretó la ampliación del procesamiento con prisión preventiva por lavado de activos agravado respecto de tres personas. En esta oportunidad, la ampliación obedece a maniobras vinculadas con el secuestro en poder de los imputados de veintitrés automóviles (la mayoría de alta gama) en el año 2016.

Los imputados ya se encontraban procesados por el delito de comercio de estupefacientes agravado y lavado de activos agravado. Además, el magistrado ordenó el procesamiento de otra imputada.

En los allanamientos efectuados a principio de este año se incautaron 60 kilos de marihuana, 600 gramos de cocaína, más de $500.000 en efectivo y 29 rodados, entre otros elementos.

En la resolución también se dispuso el secuestro con fines de decomiso de los rodados incautados, y se amplió el embargo hasta cubrir la suma de veinte millones de pesos.

La causa

Las investigaciones se habían iniciado en relación a la captura, en febrero de 2013, de Juan Manuel Mariscal, a quien la policía lo sorprendió en la Autovía 2 trasladando 150 kilogramos de cocaína de máxima pureza.

Mariscal fue condenado a 7 años de prisión, pero lo más trascendente surgió a partir de la mirada que se echó sobre los bienes. En junio de 2014, tras el fallo, evidenciaron que “al imputado se le detectó una estructura económica grande y que se encontraron más de cuarenta vehículos, muchos de ellos de alta gama”.

Ello dio lugar a otra causa que se tramitó ante el juez federal Santiago Inchausti, conocida como “Lavado Total”, en la que se puso foco en la manera en que el narcotráfico podría reinsertar el dinero en el circuito económico formal.
Para los investigadores, la maniobra consistía en inyectar dinero en el mercado de la compra y venta de automóviles.

Los administradores de esos activos se habrían contactado con la comunidad zíngara en Mar del Plata, conocida por su actividad en ese rubro.

Esta hipótesis establece los roles y modus operandi de la banda. Plantea, por un lado, la existencia de un grupo liderado por Hugo Alberto “Coco” Esteban y su entorno de la comunidad gitana, que se dedicaría a la compra y venta de rodados, en su mayoría de alta gama, montando para ello un comercio clandestino con la fachada de concesionarias o galpones, que no estarían sujetos a ningún tipo de registro ni tributo o control fiscal. El otro grupo detectado, liderado por Juan Manuel Mariscal y su entorno, se dedicaría al comercio de estupefacientes.

Para los investigadores este negocio de la compra y venta de los automóviles configuraría la relación entre todos los imputados, dado que habría elementos probatorios que darían cuenta del intercambio comercial entre los distintos integrantes de cada grupo sin ningún tipo de registración, facturación o trámite de tributario.