Ley Bases: el gobierno reglamentó los contratos de obra pública
El Ejecutivo nacional puede iniciar la renegociación o la rescisión de los contratos ejecutados hasta un 80 % que hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023.
El Gobierno nacional reglamentó, mediante un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el título sobre los contratos de obra pública y de provisión de bienes y servicios incluido en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, proyecto estrella de Javier Milei, que fue aprobada por el Congreso a fines de junio.
El decreto indica que las modificaciones “tienen como propósito brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones que se requieren al igual que incentivar la presentación de iniciativas privadas para el desarrollo de infraestructuras públicas” y procede “al dictado de un nuevo régimen” de iniciativa privada.
El Poder Ejecutivo nacional puede, ahora, por razones de emergencia, iniciar la renegociación o la rescisión de los contratos de obra pública ejecutados hasta un 80 % que hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023, cuando asumió Milei.
El Ejecutivo reglamentó además el capítulo de concesiones de obra y provisión de bienes y servicios “con innovaciones que permitirán una mejora sustancial en la capacidad de realizar adjudicaciones más estables, sólidas jurídicamente y flexibles”, señaló este lunes el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en su cuenta de la red social X.
Las concesiones podrán tener un plazo variable, se permitirán mecanismos automáticos de actualización y que el pliego determine el mecanismo de resolución de controversias, “lo que aporta seguridad jurídica y, por lo tanto, menores costos para el Estado”, agregó Sturzenegger.
Argentina es uno de los países más demandados ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relacionadas con las Inversiones (Ciadi), donde aún acumula siete demandas en su contra, según el organismo del Banco Mundial, y ya ha pagado millonarias indemnizaciones por fallos adversos desde la crisis de 2001.
El decreto aprueba, por último, un Régimen de Iniciativa Privada que será aplicable a los proyectos que se presenten con posterioridad a la fecha.
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