La diputada provincial Alejandra Martínez (FpV-PJ) aseguró que el proyecto de ley ingresado el 31 de mayo en el Congreso Nacional para implementar el blanqueo de capitales y una moratoria complementaria que condonará sanciones e intereses “plantea un escenario sumamente adverso para las empresas y actores de la sociedad que dependen de la industria de la construcción”.

“No se le otorga ningún impulso a la actividad, y por el contrario, se favorece a actividades financieras a las que irán destinado fondos que podrían estimular a la economía real a través del sector de la construcción”, indicó.

En este sentido, Martínez presentó un proyecto de Declaración donde establece que “el sector de la construcción es un dinamizador de la economía debido a la gran variedad de otros sectores a los que se encuentra relacionado, siendo la actividad que más puestos de trabajo directos e indirectos genera en el país. Paralelamente, el sector ha sufrido un parate generalizado en las obras públicas y privadas, como así también en las ventas de inmuebles, sumado ello a un fuerte crecimiento de los costos debido a la devaluación del peso frente al dólar. En este contexto, el sector consideró al anunciado blanqueo de capitales como una oportunidad importante para dar un impulso a la actividad y así poder superar la crisis en la cual se encuentra”.

El proyecto enviado al Congreso Nacional fija un costo cero para los fondos declarados que sean invertidos en dos tipos de instrumentos: los títulos públicos y la adquisición de cuotas partes en fondos comunes de inversión que se destinen a la economía real, quedando en ambos casos los activos inmovilizados por un tiempo prolongado. Al respecto la legisladora afirma que “no incluye ninguna tasa diferencial para la inversión en inmuebles, lo que perjudica notoriamente al sector de la construcción al sumirlo en una competencia desventajosa respecto a los instrumentos financieros mencionados. En un primer borrador del Proyecto dado a conocer en diciembre del año anterior, se contemplaba una tasa diferencial del 3 por ciento para los fondos destinados al sector inmobiliario, por este motivo llama aún más la atención la exclusión actual. Consideramos que esto debe revisarse”.