LA PLATA (Corresponsalía). – El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, firmaron esta mañana en La Plata la resolución que adhiere al nuevo Protocolo de aborto no punible en la provincia de Buenos Aires.

La guía que a dos días de asumir firmó el titular de Salud de la Nación, Ginés González García, establece básicamente que para acceder a la “interrupción legal del embarazo” en los términos que establece el Código Penal basta sólo con pedirla, brindar el consentimiento informado y firmar una declaración jurada. Además, prevé que entre la solicitud y la intervención no pueden pasar más de diez días.

“Hoy estamos poniendo en marcha algo que tendría que ser casi una naturalidad”, dijo Gollan luego de firmar el protocolo.

“Estamos debatiendo algo que claramente la Ley, la Constitución y los pactos internacionales estipulan. Estamos hablando de aquello que en Argentina es legal. Entonces todavía estar discutiendo con algunos sectores esto que debería ser la normalidad es, a veces, hasta tedioso”, agregó.

La ministra Díaz explicó por su parte que “la guía de aborto ILE (interrupción legal del embarazo) establece el procedimiento sanitario atender la excepciones de aborto que contempla el Código Penal en su artículo 86, inciso 1 y 2”, es decir, cuando la gestación es producto de una violación o cuando se pone en riesgo la salud o la vida de la mujer.

“Es una legislación del año 1921, centenaria, no estamos innovando”, remarcó.

Hasta el momento, la Provincia no contaba con un protocolo actualizado.

En octubre de 2016 la entonces ministra de Salud bonaerense Zulma Ortiz intentó avanzar con una guía pero la ex gobernadora María Eugenia Vidal la vetó antes de que saliera a la luz, lo que culminó con la salida de Ortiz de esa cartera.

“Hay lugares que ponen barreras indebidas al acceso”

Esta mañana, Estela Díaz aseguró que “la Provincia tiene desde 2007 un protocolo, que reformuló en 2012, pero era restrictivo: colocaba requisitos que no establece la Ley, obstáculos que no tenían nada que ver con el procedimiento del que se hablaba”.

La guía actual contempla la objeción de conciencia de los y las profesionales sanitarios que no quieran intervenir en la práctica.

“Se establece que esto (la objeción) es individual y que las instituciones de salud pública deben garantizar el acceso a las interrupciones legales del embarazo”, aclaró Díaz.

“Hoy hay lugares que ponen barreras indebidas al acceso, que no respetan la legislación vigente”, añadió.

Por otro lado, indicó que “para la salud pública es costosísimo cuando llegan interrupciones del embarazo del circuito clandestino inseguro”.

“En cambio –informó- la práctica de una interrupción del embarazo en el primer trimestre de gestión es sencilla, puede ser ambulatoria y es medicamentosa; han cambiado los procedimientos y hasta se puede atender no sólo en los hospitales sino en la atención primaria”.

“Esto se recomienda, hay Consejerías, esto se está haciendo”, concluyó la ministra.

En la firma de la resolución que se llevó a cabo en el ministerio de Salud bonaerense estuvieron también presentes la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Mónica Macha, integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y de la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir, además funcionarias y funcionarios de las carteras involucradas.