El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció esta mañana que el presidente Mauricio Macri ya vetó la ley que dispone limitar los aumentos de tarifas de servicios públicos, que había sido aprobada por el Senado.

“La ley ya está vetada, porque es una ley irresponsable. No respeta el mandato constitucional: no es facultad del Congreso fijar tarifas. Va en contra del federalismo y atenta contra las provincias. Eso no lo podemos permitir”, enfatizó el funcionario en conferencia de prensa, al hacer referencia a la ley que, esta madrugada, fue aprobada por 37 votos a favor y 30 en contra.

La norma retrotraía las tarifas a noviembre de 2017 y disponía que los aumentos no superen el índice de variación salarial para usuarios residenciales y el de precios mayoristas para las pymes.

Además, establecía que las empresas distribuidoras de electricidad y gas deberán devolver lo que se cobró de más hasta el momento.

“Esta ley no puede seguir adelante. Fijar tarifas no es facultad del Congreso”, sostuvo Peña, quien cuestionó a los gobernadores peronistas: “no estamos de acuerdo con su doble discurso”.

Para evitar el veto presidencial, el oficialismo intentó hasta último momento bloquear la aprobación de la ley mediante una ausencia de senadores que dejara la sesión sin quórum y, de hecho, la sorpresiva retirada del puntano Adolfo Rodríguez Saá les dio una luz de esperanza.

Sin embargo, los pocos senadores peronistas que no acompañaron el proyecto, como Rodolfo Urtubey o los miembros del Interbloque Federal, se mantuvieron inamovibles en su postura de no quitar quórum.

Los senadores de Cambiemos rechazaron la iniciativa con el argumento de que tendrá un impacto fiscal negativo y que beneficia principalmente a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, al tiempo que criticaron el esquema de subsidios que mantuvo las tarifas baratas durante la gestión del kirchnerismo.

En la vereda de enfrente, el Bloque Justicialista, el kirchnerismo y otras bancadas opositoras argumentaron que los aumentos en gas, electricidad y agua corriente deben tener un límite y que el Gobierno tiene que rever su política energética, al tiempo que cuestionaron la situación general de la economía.