El canciller Pablo Quirno advirtió este jueves que la Argentina puede iniciar acciones penales contra los directivos de las empresas petroleras que buscan explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas y aseguró que el Gobierno utilizará todos los instrumentos legales, diplomáticos y judiciales para impedir el avance de esos proyectos.

“Nosotros creemos que tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones y vamos a seguir con ellas”, afirmó Quirno al referirse a las compañías involucradas en el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, en una zona marítima cuya soberanía se encuentra en disputa con el Reino Unido.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario fue consultado sobre la posibilidad de avanzar con procesos judiciales contra personas físicas en territorio argentino y respondió de manera categórica: “Absolutamente, sí, absolutamente”.

El canciller recordó que las dos compañías ya fueron sancionadas bajo la legislación argentina y sostuvo que la administración de Javier Milei continuará utilizando distintos mecanismos para impedir que avancen con la explotación de los recursos naturales del archipiélago.

“Argentina va a utilizar todos los instrumentos que tiene al alcance de su legislación y también en los foros internacionales para impedir que la explotación de recursos naturales en las Malvinas suceda”, enfatizó.

Las declaraciones se produjeron después de que trascendiera que la Argentina había advertido a directivos de Rockhopper Exploration sobre la posibilidad de enfrentar procesos penales, penas de prisión y multas por su participación en el proyecto petrolero, según publicó este jueves el diario británico The Guardian.

En paralelo, Quirno defendió la presentación realizada por el Gobierno argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar medidas provisionales que permitan suspender las actividades de explotación hasta que se constituya el tribunal arbitral encargado de examinar la controversia.

El funcionario explicó que la urgencia del planteo obedece a que el inicio de la explotación está previsto para el primer trimestre de 2027, por lo que la Argentina busca impedir que las actividades comiencen antes de que exista una resolución sobre la disputa.

“Está claro que esto es una acción unilateral, está claro que el Reino Unido hace caso omiso a estas resoluciones”, sostuvo en referencia a las disposiciones de Naciones Unidas que, según la posición argentina, obligan a las partes a abstenerse de realizar actos unilaterales mientras persista la controversia de soberanía.

Quirno aclaró, además, que la presentación argentina no pretende que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar resuelva la cuestión de soberanía sobre las islas, sino específicamente el conflicto relacionado con la explotación de los recursos naturales.

“El Tribunal Internacional del Mar no tiene jurisdicción para tratar temas de soberanía. Argentina está planteando en el tribunal justamente el tema de sus recursos naturales y ahí es donde se centra esta discusión hoy”, explicó.

Respecto de un eventual pronunciamiento favorable a la posición argentina, el canciller sostuvo que el Reino Unido debería cumplirlo por tratarse de un mecanismo contemplado en una convención internacional de la que ambos países son parte.

“Uno espera que el Reino Unido, en caso de que se dé ese resultado, acate las órdenes, porque si no sería contrario a las propias disposiciones de un acuerdo del que ellos son parte y estaría en contra del derecho internacional”, señaló.

En otro tramo de la entrevista, el titular del Palacio San Martín se refirió a la eventual reactivación de una conexión marítima entre Punta Arenas, Chile y las Islas Malvinas y aclaró que la legislación argentina no exige autorización para la libre circulación de embarcaciones, aunque sí contempla permisos específicos para los buques que transportan carga hacia y desde el archipiélago.

“Existe un marco de libre circulación. Lo que sí existe es legislación argentina que indica el pedido de autorización a buques que vayan y vuelvan con carga hacia y desde las Islas Malvinas, porque obviamente consideramos que es territorio argentino”, explicó.

En ese marco, manifestó su expectativa de que las compañías que operen esa conexión cumplan con las disposiciones argentinas y que Chile mantenga su posición histórica de respaldo al reclamo de soberanía y de no colaboración logística con la explotación de recursos naturales en las islas.

Finalmente, Quirno destacó que la ofensiva judicial forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Milei, que incluye el desarrollo de una base naval integral en Ushuaia y modificaciones legislativas destinadas a reforzar la defensa de los intereses nacionales en el Atlántico Sur.