El Gobierno del Reino Unido publicó este martes una guía oficial para empresas y particulares vinculados con las Islas Malvinas, en la que respaldó las actividades económicas que se desarrollan en el archipiélago y rechazó las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei.

El documento, elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO), constituye la primera respuesta oficial de Londres al endurecimiento de las sanciones argentinas contra compañías relacionadas con la explotación de recursos en las islas, según se informó.

Bajo el título “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, el Reino Unido sostuvo que apoya toda actividad económica que considera legítima y destacó el derecho de los habitantes del archipiélago a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.

Londres también reafirmó su postura sobre la soberanía al señalar que considera a las Malvinas un territorio británico de ultramar y que no discutirá esa cuestión “a menos que los isleños así lo deseen”.

En uno de los principales puntos del documento, el Gobierno británico advirtió que las empresas y particulares podrían recibir comunicaciones de las autoridades argentinas por sus actividades en las islas, pero sostuvo que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción ni aplicar su legislación interna sobre el archipiélago ni sobre quienes desarrollen negocios allí.

Además, Londres afirmó que las medidas argentinas aplicadas anteriormente no lograron frenar el crecimiento de la economía de las islas.

El Reino Unido también ofreció asistencia directa a las compañías que enfrenten presiones por sus negocios en Malvinas. La guía recomienda obtener asesoramiento jurídico independiente ante eventuales acciones de Argentina y establece que el FCDO está dispuesto a intervenir ante terceros países cuando una empresa, filial o proveedor sea presionado por actividades consideradas legítimas en el archipiélago.

La medida se conoce mientras Milei avanza con nuevas sanciones contra firmas petroleras y el Gobierno argentino prepara un proyecto de ley para reforzar las herramientas destinadas a defender el reclamo de soberanía.