Por Jorge Raventos

El viernes 9 de julio, como otras fechas nacionales anteriores, gatilló en distintos puntos del país manifestaciones y banderazos de oposición al gobierno nacional. La única reunión que tuvo envergadura esta vez fue la que convocaron en San Nicolás sectores más o menos autónomos de la producción rural: hay núcleos del campo que, reaccionando con reflejos defensivos ante señales que juzgan agresivas de parte del oficialismo, se proponen como eje empresarial activo de la oposición. La demostración de San Nicolás procuró evitar un perfil corporativo y sectorial y albergó reivindicaciones más amplias, referidas a temas políticos, sanitarios y educativos, siempre con un denominador ideológico común de orden liberal-republicano.

De la política partidaria hubo pocos exponentes en San Nicolás. Se destacó Patricia Bullrich (en versión gauchesca: de poncho y a caballo) y también se lo vio al libertario José Luis Espert. El cuerpo central de Juntos por el Cambio no se sumó a la algarada rural.

La coalición está procesando aún su pulseada interna de halcones versus palomas, después de que los moderados se impusieran en la Ciudad Autónoma (empujando el renunciamiento de Bullrich a su candidatura y consagrando la postulación de María Eugenia Vidal) y mientras se negocia en la provincia de Buenos Aires un dudoso acuerdo que componga las ambiciones contrapuestas de Diego Santilli, Jorge Macri y Facundo Manes.

La oficialización de alianzas y la presentación ante la Justicia, en la quincena en curso, de las listas de candidatos acelera la carrera electoral que concluye en noviembre con estación en las PASO de septiembre.

El oficialismo, que en diciembre habrá consumido la mitad del período conquistado por la fórmula Alberto Fernández- Cristina Fernández de Kirchner, aspira a transitar la segunda mitad con una situación legislativa más desahogada (de mínima: con quorum propio en la Cámara de Diputados). La oposición, de su lado, se propone al menos evitar que el gobierno consiga ese objetivo. El jefe del bloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, pintó con tono ominoso la situación: “Estamos a siete bancas de que el kirchnerismo se quede con la República”. La tonalidad dramática busca inducir al público independiente para que ayude a su coalición a sostener su fuerza relativa en la Cámara de Diputados y a aumentarla, así sea homeopáticamente en la Cámara Alta.

La victoria insuficiente

Aunque, como coinciden los analistas, aún es demasiado temprano para pronosticar resultados, es seguro que la noche del escrutinio cada parte esgrimirá el relato que más la beneficie. Al día de hoy, las encuestas palpitan que el Frente de Todos podrá con derecho considerarse ganador, ya que conservaría la primera posición y obtendría más votos que Juntos por el Cambio, pero los expertos estiman también que la distancia entre ambas coaliciones puede ser más estrecha que la de las presidenciales de 2019, lo cual convertiría la primacía oficialista en un éxito amargo e insuficiente. Tendría por delante dos años signados por una relación de fuerzas legislativas básicamente análoga a la que hasta ahora le cerró el paso a iniciativas tan emblemáticas como su proyecto de reforma judicial.

Ese posible empate práctico (para no hablar de un eventual resultado francamente adverso al gobierno), agravaría los síntomas de ingobernabilidad que se ponen de manifiesto con el sostenido decaimiento de la autoridad presidencial. Podrían vaticinarse dos años de tensión e impotencia, aunque también puede especularse con la posibilidad de que, ante esa situación acuciante, se produzcan entendimientos hoy trabados y un reagrupamiento constructivo de fuerzas. Las crisis suelen ser parteras de novedades.

Una batalla aparte se librará en la provincia de Buenos Aires, que es el territorio en el que está particularmente afincado el kirchnerismo.

Con la mirada puesta, en una instancia que considera crucial, el oficialismo centra hoy sus esfuerzos en el manejo del presente absoluto y condiciona sus actos, ante todo, a preservar el espacio que concentra las principales columnas de su respaldo: el conurbano bonaerense.

Lo hace con visibles divergencias internas, atadas, sin embargo, con el alambre de una necesidad competitiva: preservar la unidad. El oficialismo tiene otro factor concentrador: cuenta un liderazgo fuerte, aunque disfuncional: el de la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Ella es la que marca la línea. Pero la línea que marca está signada por el anacronismo.

Un programa anacrónico

El hecho de que el liderazgo efectivo de la coalición oficialista resida en la vicepresidenta define un cuadro de frágil gobernabilidad: a una autoridad presidencial diluida en un país de cultura presidencialista se suman la inviabilidad de un gobierno de la vicepresidenta (algo que ella misma admitió cuando eligió a Fernández como candidato) y el programa nostálgico y restaurador que ella enarbola y sostiene.

Las respuestas de ese programa ya son muy viejas.

En esta página aludimos un mes atrás a las reflexiones de Agustín Salvia- el coordinador del observatorio de la deuda social de la Universidad Católica Argentina- que definía como inconducentes las políticas practicadas a partir de la crisis de principios de siglo. “Tras aquella crisis -decía Salvia- el kirchnerismo y el macrismo asumieron que la sociedad estaba fracturada, que la matriz productiva no iba a poder absorber a los 4 o 5 millones de personas que quedaron fuera del sistema y que la única respuesta posible era empoderarlos como consumidores vía asistencia”. Pero -agregaba- “ese mecanismo hoy ya llegó a su límite” y el país se encamina a tener un 40% de pobreza estructural, perdiendo la malla de prevención de la clase media, incluyendo un 27 por ciento de trabajadores que, pese a tener ingresos, caen a situación de pobreza y pierden perspectivas de reinserción.

Debilitada y devaluada la autoridad del Presidente, ni siquiera alcanzando las improbables ventajas electorales que desea el oficialismo podría gobernar con ese rumbo. El programa que dibuja la señora de Kirchner en sus intervenciones y el que impulsan con mayor énfasis sus seguidores más fervientes, justificado en las emergencias del conurbano bonaerense y motivado por sus urgencias electorales, está condenado a profundizar el retroceso y está lejos de contener al conjunto de la Argentina, en especial a sus regiones y sectores más productivos. Tampoco se compagina con una perspectiva de futuro apoyada en las grandes posibilidades que hoy le ofrece al país el mundo que sale de la pandemia.

El conurbano es sin duda un fenómeno más relevante que su peso en las urnas con vistas a noviembre; es el nudo estratégico de las perspectivas de crecimiento y promoción social de la Argentina.

La flagrante anormalidad de una enorme porción de la población nacional crecientemente sustraída de las condiciones mínimas de una vida digna es una fuente de crisis permanente. Más que una política enfrascada en el rédito electoral y el ofrecimiento (por otra parte impracticable) de más de lo mismo, esa situación reclama un plan prioritario de la Nación destinado a gobernar y transformar profundamente esos territorios, estimulando la producción, el trabajo formal y la organización social con medidas audaces.

La necesidad de esa política se hará sentir cualquiera sea el resultado de los comicios de noviembre.