El martes el juez Santiago Inchausti dictó el procesamiento del abogado Fernando Biesa, a quien considera parte de la organización dedicada a gestionar jubilaciones y trámites de invalidez por medio de maniobras ilícitas en Mar del Plata.
Un abogado de esta ciudad fue procesado por la Justicia Federal en el marco de la causa que investiga la mega estafa contra la Anses de parte de un estudio jurídico que falseaba documentación para conseguir jubilaciones y trámites por invalidez.
El procesamiento fue dictado por el juez Santiago Inchausti, quien consideró que Fernando Biesa formó parte de la organización dedicada a gestionar jubilaciones mediante maniobras ilícitas que derivaron en un fraude superior a los 100 millones de pesos. Por eso es que, aunque procesó a Biesa sin prisión preventiva, le trabó un embargo de 20 millones de pesos, además de una caución personal por otros 2 millones.
Para Inchausti este grupo de personas, liderado por Rubén Cagni, Roberto Balbuena, Luis Iros y Luciano Conrado Suarez (caras visibles del estudio jurídico de Paso 2890) “con habitualidad y de forma continuada tuvo como fin, entre otras cosas, realizar y tramitar beneficios previsionales falsos que, luego de otorgados, conllevaron a un perjuicio patrimonial para la administración pública de considerable envergadura”.
A Biesa se lo procesa porque, según la investigación, “actuó en el marco del mecanismo defraudatorio relacionado al uso de relaciones laborales falsas al haber contribuido en la creación de empleadores ficticios, habiéndose ligado su accionar por lo menos con tres de los falsos empleadores utilizados por la Organización Jurídico Previsional SRL para falsear relaciones laborales que luego dieron sustento a beneficios previsionales que ellos mismos gestionaban”.
El 11 de octubre de 2019 se había ordenado el allanamiento del domicilio de Biesa y su detención y una semana después se pidió su captura al no haberlo hallado. A Biesa, según la acusación, se lo conocía bajo el alias de “Prolijo”. Su rol sería el de captar clientes y armar las empresas ficticias para el estudio jurídico, por lo cual se le imputan los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
La organización
Las maniobras que para Inchausti están acreditadas consistían en la utilización de empleadores falsos o sin actividad comercial activa para generar una simulación ilícita de vínculos laborales con empleados, que a la postre resultaron ser los beneficiarios “con el objeto de fraguar períodos de prestación laboral mediante la regularización extemporánea en el Sistema Integrado Previsional Argentino sin realizar los aportes y contribuciones obligatorios”.
La organización tenía “acabado conocimiento” de los sistemas de la AFIP y el ANSES, y así utilizaba el CUIT de aquellos supuestos empleadores falsos y se declararon servicios apócrifos en relación de dependencia “mediante la presentación de declaraciones juradas extemporáneas en la medida en que las contribuciones fijadas por la ley para aquellos trabajadores dependientes fueron reflejadas fuera de término y dentro de un mismo período”.
En muchos de los casos se declararon remuneraciones de importes elevados que se tradujeron directamente en el haber previsional. Eso hizo que se liquidaran haberes que superaron el monto mínimo legal, pese a que el beneficiario jamás hizo el pago de los aportes y contribuciones correspondientes.
Durante años ese estudio jurídico maniobró de esa manera, con gran aceptación en parte de la población que avanzó sobre esas ventajas. En otros casos, los mínimos, los beneficiarios desconocían que todo ello ocultaba un delito. La Justicia determinó hasta el momento que en dicho estudio jurídico “se alteraron registros del sistema de la AFIP, utilizaron documentos privados falsos, sellos de médicos y un escribano, expedientes que figuraban como extraviados, se instaló un consultorio médico no habilitado, se desplegó influencia para dictámenes favorables que elevaron el porcentaje de invalidez para habilitar la procedencia del beneficio”.
En mayo de 2018 se decretó el procesamiento de Cagni, Balbuena, Iros y Suarez, además de Miguel Coelho, Daniela Livi y Fernando Fernández, entre los principales implicados.
Asimismo se procesó a 42 beneficiarios de estas soluciones previsionales y retiros transitorios por invalidez irregulares.
Semanas atrás, el 9 de junio el juez Inchausti elevó a juicio parcialmente la causa respecto a varios de los imputados