por Juan Salas

La Megacausa Anses, en la que se investiga la fraudulenta actividad del estudio jurídico marplatense Organización Previsional SRL, desde donde se tramitaron cientos de jubilaciones por discapacidad con las que se estafó al Estado Nacional por más de 100 millones de pesos, tuvo un nuevo capítulo y tras cerca de 30 allanamientos se imputaron a 11 médicos más y se pidieron las capturas internacionales de dos hombres que lograron evadir la Justicia Federal: un ex empleado de Anses y un asesor que trabajaba junto a los principales sospechosos.

Fuentes consultadas por LA CAPITAL confirmaron que se trata de Héctor Adolfo Seri, un abogado vinculado a la política desde los 90 -principalmente a partidos de derecha, como Modin- y que hace casi dos años se había jubilado como empleado de Anses de la delegación del puerto.

El otro hombre que se encuentra prófugo es Fernando Biesa, quien se habría desempeñado como asesor en el estudio jurídico Organización Previsional SRL.

La Megacausa Anses, investigada por el fiscal federal Nicolás Czizik y el juez Santiago Inchausti, tuvo un nuevo impulso gracias a las pruebas aportadas por dos médicos que habían sido detenidos y se declararon arrepentidos, los primeros dos en la Justicia Federal en Mar del Plata.

El aporte de estos médicos, José Fati y José Ricardo Caliyuri, permitió a los investigadores iniciar un segundo tramo en una compleja investigación que ya tiene procesados a los principales sospechosos de haber orquestado la estafa, los abogados Luis Balbuena, Rubén David Cagni, Miguel Iros y Luciano Conrado Diez Suárez.

Con esta nueva información, hace unos días, por orden del fiscal Inchausti, Prefectura realizó un megaoperativo en simultáneo en el que allanaron 26 lugares, principalmente consultorios médicos y viviendas particulares.

El objetivo de los allanamientos era recolectar evidencias que vincularan a una lista de médicos que podrían haber estado al servicio del estudio jurídico Organización Previsional SRL para la confección de certificados por discapacidad irregulares, que pudieran servir para iniciar los trámites de jubilaciones especiales para quienes no les correspondían.

De esta manera, las fuerzas federales buscaron cualquier información relevante y aplicaron todos los protocolos de evidencia informática para garantizar la cadena de custodia.

Médicos imputados, armas, dinero y monedas de oro

Luego de los allanamientos, el juez Inchausti imputó a once médicos, ya que consideró que existen pruebas suficientes para entender que participaron de la estafa y que su rol fue fundamental para las maniobras.

Además de estos nuevos once imputados, Inchausti había ordenado detener a tres personas, vinculadas con el armado y la planificación de las estafas: Seri, Biesa y Rodolfo Barone.

En el caso de Barone, fue detenido durante los allanamientos y tras su declaración indagatoria recuperó la libertad, fue excarcelado y permanece en investigación.

Héctor Seri y Fernando Biesa.

Biesa no se fue encontrado en el operativo y se encuentra prófugo, con orden de captura.

En el caso de Seri, su situación es al menos sorprendente. Apenas unas horas después de que se firmara su orden de captura, el abogado y jubilado de Anses dejó el país.

En el allanamiento en la casa de Seri, las fuerzas federales hallaron 536.000 pesos, armas de fuego y monedas de oro.

Ante esta situación, el juez Santiago Inchausti ordenó la captura internacional tanto de Seri como de Biesa, en el marco de la megacausa por defraudación contra la administración pública.

Cerca de 400 jubilaciones truchas

Hasta el momento, en la causa hay cerca de 400 personas que han sido beneficiadas por jubilaciones por discapacidad tramitadas de manera ilegal.

Según adelantaron fuentes judiciales, en las próximas semanas al menos sesenta de estos “jubilados” declararán en el Juzgado Federal y muchos corren el riesgo de quedar imputados.

Si bien para los investigadores los jubilados no son parte de la organización ilícita, están acusados de haber participado por la estafa individual de su caso, es decir, por haberse beneficiado ellos con una jubilación que, a sabiendas, no les correspondía.

En estos casos, los investigadores aclararon que las jubilaciones “nunca” son por la mínima, sino que se tratan de jubilaciones que pueden ascender a los 50.000 pesos mensuales y que, en algunos casos, han sido tramitadas y obtenidas por personas de veinte años sin ningún tipo de discapacidad.

El juez Inchausti y el fiscal Czizik investigan caso por caso estas jubilaciones y están con el compromiso de identificar a cada uno de los responsables por estafar al Estado, procesarlos y llevarlos a juicio.

– Una estafa casi comprobada de más de 100 millones de pesos

– De candidato de la derecha a prófugo por estafar al Estado