El extrabajador de Anses que se encontraba prófugo acusado de haber integrado una banda que estafó al Estado en más de 100 millones de pesos en jubilaciones irregulares fue detenido el fin de semana en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Se trata de Héctor Adolfo Seri, quien se había jubilado hace poco más de un año de Anses -trabajaba en la delegación del Puerto- y se encontraba prófugo hace dos semanas, ya que a pocas horas de que el juez federal Santiago Inchausti ordenara su detención y captura había salido del país.

Fuentes consultadas por LA CAPITAL confirmaron que Seri había viajado a Brasil y, desde el vecino país, siguió las noticias de los allanamientos que fuerzas federales realizaron en su vivienda y en los domicilios de otros 13 imputados -entre ellos once médicos, un abogado y Fernando Biesa, quien se habría desempeñado como asesor en el estudio jurídico Organización Previsional SRL y continúa prófugo-.

Hector Seri.

Seri volvió a Argentina el sábado, y al identificarse en el aeropuerto de Ezeiza saltaron las alarmas del pedido de captura internacional que pesaba sobre él.

Personal de la Policía Federal notificó a Seri de su situación procesal, le explicaron sus derechos y lo detuvieron en el lugar. Luego comunicaron la situación al juez Inchausti, quien dispuso que fuera trasladado a Mar del Plata para tomarle la declaración indagatoria.

Seri es abogado, se jubiló como empleado de Anses hace poco más de un año y tiene vínculos con la política desde los 90, que integró el partido de derecha Modín, liderado por el ex cara pintada Aldo Rico.

Mientras estaba en Brasil, fuerzas federales allanaron la vivienda de Seri y encontraron 536.000 pesos, armas de fuego, monedas de oro y documentación relevante.

Seri quedó imputado en un segundo tramo de la “Megacausa Anses” gracias a la información aportada por dos médicos “arrepentidos”, que reconocieron haber hechos certificados por discapacidad.

Además de Seri, en esta nueva etapa de la investigación -en la que hay comprobadas más de 400 jubilaciones por discapacidad irregulares-, además fue imputado Fernando Biesa, hoy prófugo de la Justicia, otro abogado y once médicos.

La investigación se centra en la actividad irregular del jurídico “Organización Jurídico Previsional” -integrado por los ya procesados Roberto Luis Balbuena, Rubén David Cagni, Miguel Iros y Luciano Conrado Diez Suárez- que tramitó jubilaciones especiales por discapacidad con certificados fraudulentos que generaron un millonario perjuicio a la administración pública.

Según la hipótesis inicial del fiscal federal Nicolás Czizik, los abogados del estudio jurídico Organización Previsional SRL obtenían de manera irregular beneficios previsionales, principalmente de retiros por invalidez sobre la base de servicios inexistentes que habrían sido previamente validados, también en forma irregular, ante la AFIP.

La organización delictiva se valió, a su vez, de diversas irregularidades y maniobras ilícitas como ser la alteración de registros del sistema de AFIP, utilización de documentos privados falsos, sellos de médicos y de un escribano, expedientes originales de la Anses que en el sistema del organismo aparecían como extraviados, la instalación en el estudio jurídico de un consultorio médico que no estaría habilitado para realizar certificados por discapacidad a sus clientes que luego eran homologados con médicos, al servicio del estudio jurídico Organización Previsional SRL, que trabajaban en la Comisión Médica de Anses.