El presidente del Consorcio Portuario Regional, Martín Merlini, definió como “salvaje” el bloqueo del Puerto y responsabilizó de la medida al grupo empresario que administra la Terminal de Contenedores N° 2, encabezado por Emilio Bustamante y Alberto Ovejero.

“La situación en el Puerto es de mucha preocupación. Particularmente por el bloqueo salvaje al que se ha sometido a la comunidad portuaria por parte de un grupo empresario privado que opera en el puerto de Mar del Plata”, lanzó el funcionario en declaraciones a LU6 Radio Atlántica.

“Esta empresa está bloqueando salvajemente todas las terminales portuarias. Ni siquiera deja ingresar los colectivos, y está afectando a más de 15 mil personas que trabajan diariamente en el puerto de Mar del Plata por un reclamo particular que se puede solucionar en la mesa de negociaciones que nunca se cerró”, lamentó.

Merlini sostuvo que el reclamo es por un derecho de preferencia sobre las tierras en que funciona esa empresa en el llamado a oferta pública realizado por el Consorcio.

El titular de la autoridad portuario indicó que ese derecho de preferencia no le corresponde al grupo en cuestión porque tiene su permiso de uso vencido desde “septiembre de 2016”. “Esto no por capricho, no es por una idea del presidente ni tampoco por idea de un directorio, sino por lo que marca la ley”, aseguró.

“Con el criterio de defender las fuentes de trabajo, de no generar un conflicto social, de tener el Puerto caminando, el Consorcio les ha pedido por escrito en reiteradas oportunidades que presenten la documentación adeudada para renovar su permiso de uso. Lo hicieron de manera parcial, extemporánea, razón por la cual perdieron ese derecho de preferencia”, explicó.

Subrayó que a los operadores de la TC2 les faltó “presentar documentación impositiva”, un requisito que se les solicita “a todas las empresas que se registran en el Puerto” para que renueven su permiso de uso. “Este Consorcio tomó determinaciones del mismo tipo con empresas emblemáticas del Puerto, como Solimeno, Contessi, SPI…” enumeró Merlini.

Según el funcionario, es “una actitud mafiosa” que se bloquee el Puerto en medio de un proceso de oferta pública. “Es una extorsión cuasi mafiosa para que se les otorgue a ellos”, apuntó.

El titular del Consorcio aclaró que “en ningún caso las fuentes de trabajo se ven amenazadas” por ese llamado a oferta pública por el sector que opera TC2. “Lo único que puede variar (para los trabajadores) es que cambie el titular de la empresa, nada más”, resumió.