Por Ramiro Melucci

Horacio Rodríguez Larreta puede convertirse, en ocasiones, en el mejor delegado de los alcaldes opositores. Guillermo Montenegro recurrió a él cuando observó que se desmoronaban las chances de una reapertura de los comercios. Le pidió que incluyera el pedido en la agenda de la reunión que iba a mantener en Olivos con el gobernador y el presidente. Pero al final la intermediación del jefe de gobierno porteño no fue necesaria: el intendente pudo explicarle por teléfono a Axel Kicillof por qué cree que Mar del Plata está en condiciones de reabrir los centros comerciales a cielo abierto.

El jefe comunal extrajo como conclusión de esa conversación que podía existir alguna alternativa para que no todas las persianas permaneciesen cerradas. En una comunicación posterior con el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, arrimó nuevas variantes a los protocolos del sector, que ya habían sido corregidos después de la prueba piloto de hace dos semanas. A partir de entonces el optimismo de Montenegro renació.

La tensión política había ido en aumento en los días previos. Los intendentes peronistas del conurbano le achacaban a Rodríguez Larreta el relajamiento de la cuarentena en Capital. Los chispazos entre La Plata y la Ciudad de Buenos Aires comenzaban a enrarecer el clima. Y pareció que los alcaldes de Juntos por el Cambio se alistaban para retrucarle a Kicillof su decisión de no habilitar la apertura de comercios de productos no esenciales. “Giró 180 grados”, se quejó Jorge Macri, de Vicente López. Montenegro podía seguir esa senda, pero eligió un camino menos directo para desembocar en el mismo reclamo.

El intendente exhibió la situación epidemiológica de Mar del Plata y repitió que no hay elementos para determinar que haya circulación viral. Un latiguillo algo menos contundente que el que podía sostener hasta hace dos semanas (“no hay circulación viral”) pero que de todos modos coloca a Mar del Plata en una situación diferente a la del área metropolitana.

Los comercios se han convertido en su prioridad. Solo después de que abran dará la discusión por el sector gastronómico, el deporte y la recreación. “Sería una falta de respeto hacerlo al revés”, dice en su mesa chica.

Aunque eludió confrontar con Kicillof, en el Frente de Todos observaron que la insistencia para la reapertura de los negocios buscó dejar en claro ante los enardecidos comerciantes que la pelota estaba en campo del gobernador. Es probable que ese movimiento tuviera además un aditamento electoral: las principales zonas comerciales fueron vitales para que el entonces candidato de Juntos por el Cambio lograra la diferencia que lo convirtió en intendente.   

En defensa de ese sector, el gobierno no demoró en hacer entrar en combate a sus espadas del Concejo. El jefe del bloque Vamos Juntos, Alejandro Carrancio, presentó un proyecto para que Mar del Plata pueda emitir permisos precarios cuando los protocolos estén demorados en La Plata. Su par radical, Vilma Baragiola, activó una iniciativa para solicitarles a Kicillof y a Alberto Fernández la reanudación de la economía de Mar del Plata.

Ninguno de los dos necesitó ponerlos a prueba en la primera sesión del Concejo Deliberante después de 70 días para que hicieran el ruido que estaban destinados a hacer. Los presidentes de bloque del oficialismo se abroquelaron detrás del pedido de reapertura comercial bajo el argumento de que las excepciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio deben estar anudadas a la situación epidemiológica. Coincidieron en que Mar del Plata no puede compararse con el área metropolitana, donde los contagios afloran sin tregua.

Montenegro piensa lo mismo. Pero hace notar que la ciudad logró más habilitaciones que otras grandes urbes. Basa su análisis en las obras privadas. “A nosotros nos permitieron reactivar todas. En otras ciudades no fue así”, repite. También comenta el caso de la industria metalúrgica. Y apunta que el Parque Industrial ya funciona a pleno.

El Frente de Todos advirtió que permitir una apertura irrestricta sería irresponsable en un momento en que la curva de contagios crece. Marina Santoro apuntó que Mar del Plata presenta una realidad habitacional y socioeconómica en barrios periféricos y asentamientos muy similar a la del conurbano, un paralelismo que el intendente rechaza.

La postura opositora se suma a las explicaciones que dio el gobierno bonaerense para postergar la aprobación del protocolo del comercio minorista. En la Provincia evitan decir que Montenegro no logró controlar la calle en Güemes durante la prueba piloto y, en cambio, deslizan que ningún intendente puede controlarlo todo. Ni los de comarcas chicas. Ejemplifican con Baradero, que retrocedió de golpe de la fase cuatro a la uno de la cuarentena por la aparición de casos de coronavirus.   

A Montenegro le gusta citar, en cambio, el caso de Córdoba. La capital de la provincia homónima también debió volver sobre sus pasos. El intendente no descarta proceder de la misma forma en Mar del Plata. No si los casos crecen, porque es una certeza que irán en aumento, sino si se produce un brote que amenace con volverse incontrolable.

El proyecto de los permisos precarios es en sí mismo una invitación a la controversia. Busca que una comisión conformada por funcionarios municipales y concejales analice y apruebe los protocolos enviados por el municipio a la Provincia y la Nación hasta que esos gobiernos les den el aval. Sería desconocer, a priori, la autoridad del gobernador y el presidente. Si una vez concedido el permiso desde La Plata u Olivos le bajan el pulgar, la actividad debería cerrar. Podría darse el caso de locales que abran y a las pocas horas deban bajar las persianas por disposición provincial. La iniciativa fue concebida para remarcar esa diferencia: el municipio sería el aperturista y la Provincia la que transmitiría las malas noticias.  Ingenioso, pero rozaría lo ilegal y se tornaría impracticable.

Polvareda ya levantó. El oficialismo y la oposición se trenzaron en una discusión por las comisiones que deberían considerarlo. Los concejales que responden al intendente lograron que solo pase por las de Promoción y Legislación, presididas por el oficialismo, y no toque la de Calidad de Vida y Salud, donde manda la opositora Santoro. Habrá que ver en los próximos días el devenir del expediente.    

A los sucesivos reclamos por la apertura de la cuarentena se sumaron los recicladores de residuos. El bloqueo del predio implicó la parálisis de la recolección durante cuatro días en el centro y cinco en el resto del distrito. La basura se acumuló en las viviendas cuando la limpieza es más necesaria. Y las negociaciones parecían en un callejón sin salida.

Los recicladores exigían volver a trabajar y un subsidio para mantener a sus familias. Pusieron el ojo en el Girsu social, un fondo que el gobierno asegura destinar a los canales formales de recuperación y la oposición no lo tiene del todo claro.

La tensión escaló cuando el municipio solicitó acordonar el predio con policías. La foto se asemejaba al prólogo de un desalojo por la fuerza. El Frente de Todos se puso en alerta y estuvo a punto de tildar a Montenegro de represivo. El intendente apostaba a una salida judicial que nunca llegó. Solo le quedó el camino de la política, que finalmente, y más tarde de lo conveniente, se desbloqueó.