por Lorenzo Sigaut Gravina

La continua extensión de la cuarentena en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios de la provincia de Buenos Aires) y la dilación de las negociaciones con los bonistas ley extranjera está generando un creciente agotamiento social y productivo.

Más aún, la prolongación de la crisis sanitaria/económica está exacerbando la incertidumbre y afectando el ánimo de la población: la esperanza decae al no vislumbrarse luz al final del túnel.

Está claro que el gobierno no puede dar certezas sobre la duración de la cuarentena, pues en la medida que no haya un tratamiento efectivo contra el coronavirus y/o una vacuna disponible, el confinamiento es una herramienta efectiva para disminuir la tasa de contagios a pesar de su elevado costo económico.

Dicho esto, es menester que el Ejecutivo implemente la mejor cuarentena posible, sopesando la cuestión sanitaria con la económica.

Por caso, se está focalizando el confinamiento en las zonas de mayor circulación viral y se están liberando actividades productivas en zonas de baja circulación o siguiendo estrictos protocolos.

En materia de la negociación de la deuda, los plazos se alargaron demasiado. Era casi imposible cumplir el cronograma oficial del Ministerio de Economía (30 de marzo), pero está terminando el primer semestre y el país está expuesto a pedidos de ïaccelerationï de la deuda pública bajo ley extranjera producto del impago de los bonos Globales 21-26-46.

Salir del default es clave para reducir la creciente incertidumbre que afecta a la economía argentina. Es cierto que las negociaciones no son sencillas y que demanda tiempo alcanzar una quita significativa, pero a esta altura el gobierno ha invertido demasiados recursos (divisas y tiempo de los principales miembros del Ejecutivo), como para persistir en cesación de pagos.

Cerrar puede requerir una última concesión a los bonistas, pero la brecha a zanjar es inferior a USD 5 por lámina de USD 100.

Asimismo, rasgarse las vestiduras por la sostenibilidad de la deuda no tiene demasiado sentido porque este concepto se ha vuelto abstracto por la falta de certezas sobre el devenir económico: el shock de la pandemia afecta las previsiones de todos los países, ya que no sabemos cuándo va a terminar (hoy se habla de rebrote o segunda oleada de contagios en el hemisferio norte) ni cuáles serán los cambios estructurales del proceso productivo mundial.

Las urgencias de corto plazo demandan cerrar este frente lo antes posible para evitar una mayor parálisis económica.

El propio Banco Central anunció, tras bloquear a algunas firmas el acceso al mercado oficial de cambios para pagar importaciones, que buscará flexibilizar el cepo en el corto plazo.

La autoridad monetaria estima que las presiones cambiarias cederán cuando se alcance un canje exitoso con los bonistas ley extranjera.

Mención aparte merece la intervención y propuesta de expropiación de Vicentin. Esta medida no sólo enfrenta cuestionamientos legales y confrontación en el plano político (¿tendrá el suficiente apoyo en diputados?), sino que golpea a las expectativas económicas en su peor momento.

Las dudas sobre la seguridad jurídica y la mayor injerencia del Estado en la economía reabren la grieta que Alberto Fernández intentaba cerrar entre el gobierno y los empresarios.

Pese a que aún es posible encontrar una alternativa superadora que reduzca el costo/impacto de esta decisión, va a requerir tiempo y esfuerzo del oficialismo encontrar una salida a esta encerrona autoinfligida.

El problema es que sobre las espaldas del Presidente ya recae el manejo de la crisis del coronavirus y, en los últimas días, la negociación con los bonistas ley extranjera.

Es importante que el gobierno aporte precisiones sobre la orientación de la política económica. Sólo el Ejecutivo puede brindar certezas sobre el rumbo para disipar la creciente incertidumbre y potenciar la recuperación tras la salida del default y la cuarentena.

A continuación un breve resumen de los principales incógnitas a despejar sobre el días después: ¿se van a flexibilizar las restricciones cambiarias y cuál será el tipo de cambio real multilateral?; ¿Qué política implementará el BCRA para absorber la emisión necesaria para financiar al Tesoro?; ¿Cuándo se volverá a un déficit primario fiscal acotado?; ¿Qué pasará con los precios máximos y los regulados?; ¿Que incentivos habrá para invertir y hacer negocios?; ¿Cuál va a ser el rol del estado?.

En síntesis, muchos interrogantes y pocas certezas.

(*): Socio y Director de Ecolatina.