El oficialismo local y sus aliados mandaron ayer al archivo un pedido de información sobre la conexión entre la causa Sur Finanzas y la licitación del estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de los Deportes.

La decisión tuvo lugar cuando se trató en la Comisión de Deportes del Concejo Deliberante un proyecto de Acción Marplatense/Movimiento Derecho al Futuro para que el Ejecutivo informase “con relación a los allanamientos efectuados el 9 de diciembre en dependencias del Palacio Municipal”.

Ese día, LA CAPITAL informó que “la Justicia Federal realizó diversos allanamientos en Mar del Plata en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas por diferentes delitos como lavado de activos”.

También reflejó que, según fuentes municipales, se trató de “un procedimiento menor” para tener información sobre la licitación del estadio Minella, ganada por la firma Minella Stadium SA, integrada por el Grupo Revee y Pro Enter de Argentina.

El 24 de febrero, el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, y el presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder), Sebastián D’Andrea, comparecieron ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2, a cargo de Luis Armella.

Este diario intentó rastrear el contenido de las declaraciones de Martinelli y D’Andrea. Sin embargo, tanto el municipio como la Justicia Federal mantuvieron un fuerte hermetismo y no trascendieron mayores detalles.

“Lo que se solicita es información concreta, clara, precisa, respecto de los procedimientos realizados en la Municipalidad que fueron de público conocimiento”, explicó Eva Ayala (AM/MDF).

La concejal dijo que la intención era conocer, a través de un informe escrito del secretario de Legal y Técnica, el marco de la investigación penal por el cual se solicitó esta información al municipio y debieron declarar los funcionarios. “Es una consulta concreta, tiene que ver con el acceso a la información pública”, afirmó Ayala.

Fernando Muro (Vamos Juntos) respondió que “es un proyecto totalmente difuso” porque “no ocurrió ningún allanamiento en la Municipalidad”, sino que, “técnicamente”, hubo una “orden de presentación de documentación”.

En esa línea, aseveró que los funcionarios citados por la Justicia hicieron “declaraciones testimoniales con aportes de información”.

Ayala consideró “llamativo” que, teniendo la información, el Ejecutivo se rehúse a entregarla por escrito para dar cuenta “de lo que realmente sucedió”.

“Los medios de comunicación expresaron otras cuestiones respecto de lo que pasó, con lo cual es evidente la necesidad de que esa información sea pública, abierta y clara para la ciudadanía”, reclamó.

Pero al momento de la votación solo los bloques opositores acompañaron el pedido de precisiones, mientras que el PRO y sus aliados (La Libertad Avanza y la UCR) sentenciaron el archivo.