Ocho hombres colombianos podrían llegar a juicio oral si es que la Justicia Federal avanza sobre la hipótesis del Ministerio Público fiscal que los acusa de integrar una banda para otorgar préstamos usurarios que incluían la modalidad de cobro “día a día” o “gota a gota”.

El representante del MPF, el fiscal general federal Daniel Adler, los imputó de los delitos de asociación ilícita y usura, y uno de ellos está acusado también de lavado de activos.

La mecánica fue desarrollada por esta organización al menos desde marzo de 2017 y hasta el 22 de noviembre de 2018, cuando el juez federal Santiago Inchausti ordenó aquellos allanamientos que posibilitaron desbaratar la organización.

De acuerdo a los datos que publicó el portal Fiscales y que consta en la causa, los investigadores descubrieron en la rambla local, entre los distintos puestos feriantes, a dos hombres con acento caribeño –que se movilizaban en motos de alta cilindrada- que ofrecían a los comerciantes a préstamos en dinero. La relación era de usura porque los intereses eran elevados y la intimidación para cobrar las cuota alcanzaba niveles de violencia.

La investigación desarrollada por el Ministerio Público Fiscal logró determinar que la organización integrada por ciudadanos colombianos tenía su pilar en el otorgamiento de préstamos usurarios bajo la modalidad conocida como “cobro día a día” o “gota a gota”. A partir de allí existían situaciones de coacción, intimidación y lavado de activos, lo que daba cuenta de una asociación ilícita conformada para la comisión de múltiples delitos.

En este sentido, el requerimiento fiscal de elevación a juicio indica que los préstamos se daban sin formalidad ni respaldo financiero alguno y sin autorización estatal. De la investigación se desprende que los montos otorgados van desde los 3 mil hasta los 130 mil pesos, y la tasa de interés anual se proyectaba entre un 300 y casi 1100 por ciento. Estos préstamos irregulares eran monitoreados, supervisados y organizados a través de la rendición de las cuentas diarias y semanales, detallándose los montos, plazos y regularidad en el pago de los deudores. En algunas ocasiones los imputados recurrían a procedimientos coactivos, mediante el uso de la violencia.

La banda tenía su propia estructura. En la cúspide se encontraba quien ocupaba el rol de organizador –y que conducía las distintas “carteras”, como llamaban a las células que trabajaban en cada ciudad o zona- que vivía en Bahía Blanca; en tanto la persona a cargo de la “cartera” de Mar del Plata es quien está acusada también de lavado y tenía como función llevar el registro del dinero ingresado, de deudas pendientes, de gastos, que periódicamente le iban informando los eslabones siguientes. Quedó demostrado en la investigación que utilizaba un arma de fuego -que fue secuestrada- para amedrentar a las víctimas de estos ilícitos.

En esta organización ilegal coexistían numerosos miembros organizados jerárquicamente: dos de ellos tenían el mayor rango y su trabajo consistía en llevar el control y las cuentas de los deudores, para hacérselo saber semanalmente a su jefe inmediato; así como controlar los gastos diarios –como servicios a sus motocicletas o combustible- que los distintos integrantes tenían que afrontar para mantener la dinámica activa del grupo. También quedó demostrado que eran los que más “visitas” a los morosos efectuaban.

Otros tres hombres eran los encargados de ofrecer de manera masiva los préstamos con cuotas diarias y altas tasas de interés, de proceder a su cobro y de rendir cuentas a sus superiores. A su vez, el octavo integrante de la organización tenía como misión central resguardar los depósitos de la banda y efectuar la vigilancia de sus bienes.