Un sector de los trabajadores judiciales inició este lunes una retención de tareas por tiempo indeterminado en reclamo de una demora en el pago de la movilidad desde agosto del año pasado.

La medida de fuerza contempla a los oficiales de Justicia y Notificadores de la Departamental Mar del Plata, quienes anunciaron que no realizarán trámites correspondientes a las zonas vacantes hasta tanto se les abone lo adeudado.

En un comunicado, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) señaló que “pese a los reclamos que viene realizando el gremio desde el mes de diciembre, la Suprema Corte aún no pagó la movilidad correspondiente a las diligencias realizadas en zonas vacantes”.

Por ello, la entidad agregó que “las y los trabajadores de la Departamental Mar del Plata decidieron hacer retención de tareas hasta tanto se pague lo adeudado“.

En el escrito, el gremio indicó además que: “el retraso en el pago de este concepto se remonta al mes de agosto del 2020, es decir que el gasto correspondiente a las diligencias de las zonas vacantes ha sido afrontado con el salario de los y las trabajadoras a pesar de que la movilidad constituye una herramienta de trabajo indispensable y su pago es una obligación de la Suprema Corte en su condición de empleador”.

El secretario adjunto del gremio en Mar del Plata, Mariano Fernández, explicó que “la AJB planteó formalmente la situación a la Suprema Corte a fines de diciembre pasado y transcurridos un mes y medio no hubo respuesta. Tampoco hemos tenido respuesta respecto a la actualización de la movilidad fija, la falta de cobertura de los cargos vacantes y demora en ascensos pendientes en dicha dependencia”.

Fernández -quien también se desempeña como secretario de Derechos Humanos a nivel provincial- destacó que “la adopción de una medida de fuerza como la anunciada perdurará mientras la Corte no pague lo adeudado y comience a dar respuesta concreta e inmediata al resto de cuestiones laborales pendientes”.

Finalmente señaló: “esta situación resta poder adquisitivo del salario de las y los oficiales de Justicia y Notificadores y se suma al esfuerzo de un sector de trabajadores y trabajadoras que diariamente realizan su tarea en zonas peligrosas, asumiendo el riesgo de soportar amenazas, agresiones con armas blancas y/o de fuego, persecuciones intimidatorias en motocicletas, apedreadas, robos, intentos de abuso sexual, situación que se ha visto agravada por el contexto de pandemia y el riesgo de contagio de COVID-19”.