Por Fernando del Rio

Ya pasó más de un año desde que, por segunda vez en pocos meses, la natural quietud del cementerio de Comandante Nicanor Otamendi se transformó en conmoción. En gente caminando entre la tumbas, en policías pesquisando sus rincones, en familiares afligidos buscando una explicación a la pregunta de quién haría algo así. Porque robarse el cadáver de un bebé –no uno, dos- es un hecho tan inverosímil como inusual para cualquier comunidad -inimaginable para un pueblo- que las respuestas no se consiguen con tanta facilidad. Y, tal vez, no se consigan nunca.

El 24 de diciembre de 2017, en horas de la tarde, la familia Aranda se dirigió al cementerio de Otamendi para llevar unas flores al féretro donde se preservaba el cuerpo de su bebé Ciro, fallecido días antes por un repentino trastorno respiratorio. Entraron por la puerta principal y doblaron a la izquierda para tomar el pasillo entre bóvedas que terminaba en el depósito. Allí estaba el diminuto cajón, pero el horror se apoderó de ellos al descubrir que había sido forzado y vaciado.

“Mirá, nuestro bebé acá no está. Responsable acá no sé quién es… si es la Municipalidad, no sé”, había dicho Alberto, el padre, en un impactante video mientras exhibía el ataúd.

La fiscal Ana Caro, que ya había tenido que trabajar profundamente en las actuaciones judiciales por la profanación del sepulcro de Matías Fernández Tejerina (2) ocurrido para Semana Santa de 2017, volvió a enfocarse en Carlos López, ex encargado del cementerio. Al cabo de algunas averiguaciones, López fue imputado del robo, una figura vinculada más al faltante de los ornamentos que del propio cadáver por esas cosas que aún perduran en el Código Penal. Para Caro, López era un sospechoso de sustancia sólida. Había indicios de que no podía ser ajeno a la profanación, mucho más después de establecerse que en el otro caso, en el de abril de 2017, también había estado en la mira. López fue detenido, su casa de calle Córdoba al 300 allanada, sus familiares investigados, su vehículo requisado. Un rosario hallado en su poder tenía alguna similitud con el que estaba dentro del cajón pero la prueba y las sospechas poco a poco se fueron debilitando.

Mientras tanto, cuadrillas completas de bomberos, policías, familiares de Ciro y habitantes comunes de Otamendi rastrillaron las adyacencias del cementerio, primero, y las lejanías después. Tan así que hasta se llegó al límite entre los partidos de General Alvarado y General Pueyrredon. Siempre con resultado negativo.

Cambio de fiscal

En abril de 2018 hubo un cambio importante en la investigación, ya que fue desplazada de su cargo la fiscal Caro y Florencia Salas asumió como reemplazante.

Para poder transitar hacia el esclarecimiento la fiscalía de Miramar hizo numerosas diligencias. Mandó un oficio al Ministerio de Culto para saber si existe alguna secta o agrupación religiosa ilegal que efectuara rituales con la profanación de tumbas y de cadáveres de bebés. La respuesta del Ministerio sirvió para descartar esa opción.

Se analizó una huella dactilar impresa en el féretro y se la ingresó al sistema AFIS, una base de datos que contiene el registro papiloscópico de personas con antecedentes penales. No hubo coincidencia, por lo cual se preservó pero no se avanzó.

También se revisó el funcionamiento de una cámara de seguridad instalada por el municipio de General Alvarado en la esquina del cementerio y se constató que no había sido manipulada como se especuló en un primer momento. Las fallas en su captación de video obedecían a problemas técnicos.

El entrecruzamiento telefónico y el análisis de llamadas de los dispositivos de López y su familia no entregaron información de importancia para la causa.

Sobre López se había generado un aura incriminatoria a raíz de algunas actitudes, de su cronograma de trabajo y de ciertas actividades de otros integrantes de su familia relacionadas a la superstición.

Sin embargo, el 5 de noviembre pasado la fiscal Salas se encontró sin demasiados fundamentos para sostenerlo acusado y solicitó al juez de garantías, Saúl Errandonea, el sobreseimiento. Con fecha de 21 de diciembre, el magistrado avaló el pedido y sobreseyó a López por no existir prueba de su participación en el robo.

La investigación no se agotó pero la probabilidad de hallar un responsable disminuyó al extremo. Al extremo de una foja cero.

“Es un sensación de vacío,
de humillación y de dolor”

Alberto Aranda, el padre de Ciro, tiene ese tono de voz tan distinguible en los resignados. Pausado, lento y doliente. Y así es como dice lo que dice. “Es una sensación de vacío, de humillación y de dolor por lo que sucedió y por no saber qué fue lo que pasó”, admite.

Pese a que los golpes de la vida lo llevaron a distanciarse de la madre de Ciro, Aranda se mantiene en Otamendi, donde cada día debe enfrentar la incertidumbre de la mirada ajena, esa que puede esconder una verdad. “Hay gente que me cruzo en las calles y que me mira, y no puedo dejar de pensar que algunas de esas personas sabe algo. Pero nadie quiere hablar, nadie se compromete. Acá no hay dudas de que hubo personas que colaboraron para que alguien entre al cementerio, vaya al depósito y sepa que había un cuerpo de un bebé”, conjetura.

“Esto no se terminó para nosotros. Nunca lo vamos a olvidar. Esto lo llevamos de por vida y por eso es que se siente una humillación alrededor de todo el tema, de la profanación, de no saber qué fue lo que pasó”, asegura al tiempo que dice no haber recibido jamás un dato. “No, nunca una información, un chusmerío en un pueblo tan chico… Lo único que puedo pensar es que esto fue organizado, que el otro cuerpo del bebé que desapareció también fue en un fecha religiosa (NdR: Semana Santa) y que tal vez lo de un ritual no es algo alocado”, concluye.

Aranda perdió su familia, su trabajo y su salud. Aunque hace esfuerzos por no perderla, su esperanza parece seguir en la lista.