El plenario de comisiones del Senado pasó esta tarde a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, al no lograrse los acuerdos necesarios para avanzar en la firma de dictámenes.

La Cámara Alta discutió hoy el proyecto de reforma a la normativa que fue aprobado por Diputados hace dos semanas. En el mismo se modificó el plazo de duración de los contratos-de tres a dos años-y se estableció que el ajuste en los valores se puede hacer hasta cada cuatro meses, cuando en la ley actual es anual.

La decisión de postergar el debate se tomó tras las exposiciones que durante los dos últimos días realizaron representantes de cámaras inmobiliarias y de inquilinos.

La semana que viene se buscará firmar el dictamen, según propuso el presidente de la Comisión de Legislación General del Senado, el pampeano oficialista Daniel Bensusán.

Del lado de la oposición, el radical Víctor Zimmermann reclamó “darle la mayor celeridad y previsibilidad al tratamiento de la media sanción” al ratificar que el interbloque de Juntos por el Cambio “está para firmar el dictamen del proyecto tal como vino de la Cámara de Diputados”.

En tanto, Juliana Di Tullio (Frente de Todos), tras destacar que “lo que pidieron los inquilinos es que se vuelva a la ley tal como está” en la actualidad, dijo que su espacio “tiene propuestas para mejorar el dictamen” y que “hay distintas posturas en el interbloque sobre este asunto”.

Al respecto, Bensusán propuso hacer un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles “para ver si se puede avanzar en un dictamen o en dos o en los que se presenten para poder darle un corte definitivo al tema lo más rápido posible”.

En la jornada de hoy, los representantes de los inquilinos reclamaron hallar una solución a la escasez de ofertas de inmuebles.

El primero en exponer fue Juan Arrizabalaga, de Inquilinos Tandil, quien consideró que los 10 millones de inquilinos que existen en el país están “en una situación crítica ante un nuevo ataque del lobby inmobiliario que permea a una parte de la clase política argentina”.

Arrizabalaga subrayó también que la reforma aprobada por Diputados “es pro mercado y pro rentistas”.

A su turno, León Bilansky, de la asociación de Empresarios Nacionales (ENAC), dijo que “la actividad comercial próspera aporta valor inmobiliario y desarrollo local” y ponderó el rol en la economía del sector que representa.

“Los que abrimos los comercios todos los días y contratamos trabajadores y pagamos nuestros impuestos no vemos a los propietarios como enemigos”, sostuvo el dirigente empresario.

Luna Miguens, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consideró que lo que no puede suceder en este debate de reforma de la ley de alquileres es que se instale la idea de que “los inquilinos se perjudicaron por sus propias conquistas y que entonces hay que volver para atrás, eso es lo que no puede pasar”.

En la audiencia de ayer, en la que se escucharon testimonios de dieciocho representantes de cámaras inmobiliarias, los legisladores del oficialismo y de la oposición -en especial de Juntos por el Cambio- volvieron mantener fuertes cruces por sus diferencias políticas, si bien coincidieron en la intención de acelerar la emisión de dictamen, aunque con criterios distintos.

Mientras la oposición pretende aprobar la iniciativa tal como vino de Diputados, y convertirla en ley en la próxima sesión, en el oficialismo quieren introducirle modificaciones, por lo que debería regresar en revisión a la Cámara baja para su sanción definitiva.

En el debate de hoy, en tanto, la senadora del peronismo por Buenos Aires, Juliana Di Tulio, sostuvo que ve “solo una intención de lucro” en los planteos de reforma votada por Diputados “porque si no, no se le encuentra otra explicación (al hecho de pasar de contratos de 3 a 2 años de duración)” y consideró que “si absorbe esa necesidad de lucro el Estado, podría resolverse inmediatamente”.

Maximiliano Vittar, de Inquilinos Córdoba, advirtió que “plantear la igualdad de partes es entrar en un desconocimiento total” en materia de alquileres y dijo que “no hay solución para los inquilinos en esta media sanción” dada por Diputados.

Carla Sánchez, Juntas por el Derecho a la Ciudad, consideró que “los intereses como inquilinos están más vinculados a la idea de derechos y la de los propietarios a la idea de rentabilidad, son términos diferentes, por eso es tan importante el rol del Estado para interceder ante estas diferencias”.

En tanto, Diego Fernández, de la Asociación Platense de Inquilinos, sostuvo que “claramente no se está viendo en esta comisión la situación que es acuciante en Argentina, con procesos inflacionarios que solo ayudan a un grupo minúsculo” y dijo que “no se sabe bien quiénes son los propietarios”.

Florencia Labiano, del Conicet, criticó que la política de viviendas se rija por lo que dictamina el mercado, a la que calificó como una “decisión política”.

Agregó que regular en esta materia es algo clave para “reducir la incertidumbre” que existe entre muchos argentinos que buscan alquilar.

Sebastián Artola, de Inquilinos de Rosario, manifestó su preocupación por los cambios que se plantearon a la ley y pidió a los senadores que “no claudiquen ante la extorsión del mercado inmobiliario”.

Por último, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, reclamó que la ley que rige en la actualidad “tiene que permanecer sin cambios”, al tiempo que denunció que “todos los cambios que le hicieron a la ley en Diputados nos afecta a los que alquilamos” y sentenció: “se nota que las inmobiliarias redactaron ese proyecto”.