Por Natalia Kidd

La pesca en Malvinas genera millonarios ingresos para este archipiélago del Atlántico sur administrado por el Reino Unido, un negocio del que participan capitales isleños, taiwaneses y españoles, entre otros, a partir de recursos que Argentina reclama como propios.

El país, que históricamente sostiene que las islas le pertenecen, ha agudizado en las últimas semanas su presión para evitar el inicio de la explotación petrolera en Malvinas, pero la actividad pesquera lleva allí años de desarrollo.

Según datos oficiales, la pesca aporta el 58 % del PIB de las Malvinas y ha sido su mayor motor económico durante las últimas tres décadas.

La industria pesquera comenzó a desarrollarse desde 1986 a partir del establecimiento de zonas y un régimen para esta actividad, lo que permitió aumentar en forma sustancial los ingresos del gobierno local hasta asegurar la autosuficiencia económica.

“La Administración de las islas percibe, solo por la concesión de cuotas de captura, 39 millones de libras esterlinas (unos 52 millones de dólares estadounidenses) anuales”, señaló a EFE Raúl Cereseto, presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp), quien desde hace años investiga la actividad pesquera en Malvinas.

Valiosas capturas

Según datos del Departamento de Pesca isleño, el volumen de capturas en 2025 fue de 203.310 toneladas.

De acuerdo a un informe de la consultora Resilience al que tuvo acceso EFE, las capturas de 2025 tendrían un valor FOB (precio en punto de embarque) cercano a 588 millones de dólares.

Pero según los cálculos de Cereseto, las capturas en Malvinas representan a valor de mercado un negocio de 1.000 millones de dólares anuales, la mitad de las exportaciones pesqueras por 2.010 millones de dólares concretadas el año pasado por Argentina.

El 95 % de las capturas de 2025 correspondió a tres grupos de especies: el calamar Illex argentinus, el calamarete Doryteuthis gahi y la merluza hubbsi.

“El 70 % de la flota lleva directamente su captura a Asia y Europa. Otro 20 % descarga en Montevideo como puerto intermedio y solo un 10 % se descarga en Malvinas”, explicó Cereseto.

En 2025, el gobierno local concedió 201 licencias anuales de pesca, concentradas en flotas de Taiwán (77), Malvinas (60), España (31) y Corea del Sur (30).

Las capturas se reparten mediante un sistema de Cuotas Individuales Transferibles (ITQ, por su sigla en inglés), por el que se otorgan porcentajes de captura a ‘joint ventures’ de empresas con una participación de capitales isleños de al menos el 51 %.

“En las pesquerías sujetas a ITQ -y de manera muy visible en el calamarete- operan sociedades entre titulares radicados en las islas y socios españoles que aportan buques, capital, conocimiento técnico y acceso al mercado europeo”, señaló Resilience en su informe.

La última asignación de cuotas por 25 años, denominada ITQ-B, entró en vigencia a inicios de 2023, beneficiando a una decena de empresas, todas constituidas en Malvinas.

En aguas agitadas

De esas empresas, solo dos hacen explícitos en sus sitios web sus lazos con empresas de otros países: Beauchene Fishing Company es socia de dos firmas españolas, mientras que Seafish dice ser socia, entre otros, de armadores taiwaneses.

Del resto, no hay datos públicos.

“Lo que ocurre es que la pesca en Malvinas es controvertida, y las empresas de los países europeos se manejan con reserva en este tema. Sucede que está prohibido pescar en Argentina si se opera, a la vez, en Malvinas, y el caladero argentino es muy valioso”, indicó Cereseto.

Medios argentinos han afirmado que en Malvinas operan siete empresas españolas, todas apuntadas en una denuncia presentada el pasado 14 de septiembre por dos abogados en tribunales argentinos en base a dichas publicaciones periodísticas.

La ley de pesca fue modificada en 2008 para introducir un artículo que exige a los titulares de licencias pesqueras asegurar que no operan en aguas bajo jurisdicción argentina -incluyendo Malvinas- sin el permiso otorgado por el país, ni tener relación “jurídica, económica o de beneficio” con personas o empresas que operen allí de ese modo.

Si se descubriera un vínculo de ese tipo, la sanción sería la caducidad inmediata de la licencia para operar en Argentina. No hay antecedentes de la aplicación de tal sanción.

“Ese artículo fue agregado para evitar que empresas que operen en Malvinas puedan tener permisos pesqueros en Argentina”, explicó a EFE Consuelo Bilbao, coordinadora de proyectos de Océanos y Pesca del Círculo de Políticas Ambientales.

EFE.