El concejal de Unión por la Patria, Diego García, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo brinde detalles sobre la concesión de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Arroyo Lobería, otorgada a RIVAN S.A., y las tareas de fiscalización llevadas adelante en el lugar.

La iniciativa se fundamenta en las condiciones observadas recientemente y en los antecedentes de sanciones administrativas aplicadas a la empresa en 2020, 2022 y enero de 2025 por incumplimientos vinculados a la conservación de las instalaciones.

En la última penalidad se habían detectado deterioro de techos, aberturas rotas, vidrios faltantes y aleros sin reparar. Como consecuencia, se aplicó una multa equivalente al 15% del canon vigente, indicó García.

El 28 de agosto de 2026, una nueva revisión habría advertido aleros dañados, revestimientos faltantes, paredes con grietas y presencia de verdín, ventanas rotas, puertas sostenidas de manera precaria y cubiertas deterioradas.

También se habría observado una piscina con agua estancada, sectores sin atención y acumulación de residuos.

“Quien tiene una concesión municipal debe cumplir obligaciones muy concretas, pero el Estado también tiene la responsabilidad de verificar que esas condiciones se respeten”, señaló el edil opositor.

“Estamos solicitando información precisa. Queremos saber qué inspecciones realizó el Ejecutivo, qué encontraron los organismos intervinientes y qué medidas se adoptaron frente a las irregularidades advertidas”, agregó.

En concreto, la iniciativa solicita conocer las condiciones contractuales y administrativas de la UTF, junto con las tareas de fiscalización desarrolladas desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha.

Además, le pide al Ejecutivo el detalle de las fechas de cada inspección, los organismos participantes, los motivos de las actuaciones, los sectores revisados y sus resultados. También solicita conocer si existen actas de constatación o de infracción contractual, acceder a sus copias y detallar las medidas adoptadas ante cada incumplimiento.

“Queremos saber qué controles se hicieron, qué irregularidades se detectaron y cuál fue la respuesta oficial. Una concesión sobre un espacio público genera obligaciones para quien la explota y también compromete al Estado en su tarea de fiscalización”, concluyó García.