El fiscal federal general de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, presentó un amparo para que los presos en cárceles bonaerenses por causas federales no puedan usar el celular.

En el amparo presentado ante el Tribunal Federal, el fiscal pide que se deje sin efecto el protocolo sancionado el 30 de marzo de 2020 en el inicio por la pandemia del coronavirus, en el que se le permitió el uso de celulares a las personas privadas de la libertad, para que mantuvieran contacto con sus familias y allegados, ya que, por protocolo, no podían recibir visitas.

Uno de los principales argumentos que esgrime Pettigiani es que la emergencia sanitaria terminó, por lo que debería caer la tenencia de celulares en las cárceles y la situación tendría que ser la misma que era antes de sancionado el protocolo por la pandemia del coronavirus.

El fiscal, además, remarcó que dentro del Servicio Penitenciario Federal los detenidos, por la Ley 24660, tienen prohibido utilizar celulares y esta situación se vuelve “injusta”, ya que los presos por causas federales, que se encuentran en cárceles bonaerenses, sí pueden utilizarlos.

Además, Pettigiani explicó que “en muchos casos”, los celulares brindados por el Estado a los presos, los utilizan para “para continuar ligados al mundo del hampa, cometiendo nuevos delitos, pretendiendo continuar en posesión de los aparatos telefónicos bajo la excusa de mantener vigente el derecho a comunicarse con sus familiares y allegados”.

De aprobarse el amparo, afectaría a las condiciones de encierro de 14 detenidos por causas federales, entre quienes se encuentra Claudia Camacho Solís, la mujer que recibió una pena de 18 años de prisión por ser la líder de una banda narco que operaba desde una quinta en Batán y que, estando en la cárcel, utilizó el celular para cometer nuevos delitos.

Delitos con un celular desde la cárcel

Claudia Camacho Soliz tiene una causa abierta en su contra por cobrar dinero, extorsionar a otras presas y comercializar drogas desde la Unidad Penal 50 de Batán.

Según la causa, Claudia Camacho Soliz habría exigido a otras internas el pago de un monto mensual para brindar “protección” y seguridad dentro del penal, además de ofrecer estupefacientes.

La investigación inicial determinó que en una billetera virtual contralada por su teléfono, Camacho Soliz había recibido depósitos por 608 mil pesos entre julio y febrero pasados. También que en otra aplicación similar existen cuentas familiares por más de 3 millones de pesos.

Un juez mendocino prohibió el uso de celulares

Un juez mendocino resolvió en enero que los presos alojados en penales provinciales no podrán acceder a teléfonos celulares dentro de las cárceles, debido a que finalizó la emergencia sanitaria que lo habilitaba en el 2020.

Se trata del juez Sebastián Sarmiento quien, además, dispuso que las mujeres privadas de su libertad sean las únicas que seguirán con dicho beneficio, para facilitarles la comunicación con sus hijos.

Sarmiento fundamentó su decisión de eliminar la utilización de celulares en que “se ha superado el estado de emergencia sanitaria a nivel global, tal como lo ha resuelto la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

El planteo había surgido a fines del 2023 dado que el 31 de diciembre tenía fin el decreto del expresidente Alberto Fernández sobre la tenencia autorizada de teléfonos celulares dentro de los penales debido a la pandemia y el aislamiento social obligatorio, por lo cual los internos no podían recibir visitas.

Ante esto, el juez Sarmiento emitió el primer día de este 2024 una prórroga por 10 días y convocó a una audiencia con diferentes actores sobre el tema, quienes expusieron su posición.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial y el Servicio Penitenciario mendocino se opusieron a la continuidad del beneficio e indicaron que tenía que volver a aplicarse la ley vigente.