El avance de camionetas sobre las playas bonaerenses expone un problema cada vez más urgente que es la falta de una regulación clara. Por eso, un informe reciente del Director del Instituto de Geología de Costar y el Cuaternario de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Federico Isla, revela cómo crecen los accidentes, los conflictos por el uso del espacio público y el deterioro ambiental, entre vacíos legales, descoordinación entre municipios y ausencia de controles provinciales.

La proliferación de vehículos 4×4 ha originado una demanda creciente de acceso a espacios decretados como públicos según el artículo 235 del Código Civil. Al mismo tiempo, Isla también señala que la Ley de Seguridad Vial provincial 13.927/09 no se expide sobre las cuestiones específicas de circulación en playas.

En ese vacío legal, la administración de las playas recae en los municipios, que las explotan turísticamente a través de concesiones de balnearios. “No obstante ello, esta administración implica ser responsables de la seguridad”, remarca el geólogo en referencia a la Ley provincial 14.798. Por eso, varias municipalidades han dictado ordenanzas específicas para regular el tránsito en la arena.

Las respuestas, sin embargo, han sido muy dispares. Algunos distritos optaron por prohibir la circulación de vehículos en las playas. “Villa Gesell prohibió el acceso de vehículos a la playa desde el centro a Mar Azul (ordenanza 1458/96). Tres Arroyos lo prohibió en el sector de Claromecó (Ord. 7295/24) y Necochea lo mismo (Ord. 5117/03). Monte Hermoso restringe el estacionamiento en playas (Ord. 3390/24). En 2024, Coronel Rosales restringió la circulación a algunas zonas de Pehuen Co”, detalla el informe.

Pero no todos actúan en la misma línea. “Algunas municipalidades han debido revertir esa promoción del acceso de camionetas a la playa, porque los accidentes son cada vez más frecuentes”, sostiene el escrito. Incluso, en algunos casos se fomenta el tránsito vehicular o hasta se organizan carreras sobre la arena. “En sectores privados la responsabilidad es del dueño del predio, pero en ámbitos públicos las responsabilidades no están claras, ya que se produce una implícita restricción al dominio”.

El informe destaca también que estas restricciones suelen aplicarse solo en áreas urbanizadas, dejando amplios sectores provinciales sin regulación efectiva. Para Isla, la solución debe venir de una norma provincial específica que regule la circulación en playas. “Se debe crear una norma específica de circulación en playa (donde no existen señalizaciones) que deslinde la responsabilidad de los municipios y la responsabilidad de los privados colindantes”.

Esta regulación, sugiere, también debería imponer sanciones a aquellos loteos que bloquean de hecho el acceso a la playa. Con playas cada vez más expuestas a la degradación ambiental, el crecimiento turístico y el aumento de siniestros vinculados al tránsito vehicular, el especialista deja en claro que la ausencia de reglas ya no es una opción.