El gobierno municipal anunció este miércoles los cambios a la redacción original del pliego del transporte público que introdujo a partir de propuestas de vecinos, instituciones y bloques políticos del Concejo Deliberante.

Las modificaciones fueron anunciadas en la comisión de Transporte del cuerpo legislativo por el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti; el subsecretario de Movilidad Urbana, Dante Galván, y el subsecretario Legal y Técnico, Mauro Martinelli.

“Es un día muy importante. Creemos que luego de este proceso participativo que se ha venido dando, tanto previo al ingreso del proyecto en el Concejo como en el debate que se ha llevado adelante en el ámbito legislativo, se hace imperioso hacer una devolución para muchas de las propuestas y planteos que se realizaron”, dijo Bonifatti a modo de presentación.

El encargado de difundir los cambios fue Galván. En primer lugar mencionó la incorporación de 50 paradas con refugio por año a lo largo de los primeros 12 años de concesión, es decir de 600 en total, en barrios alejados del centro. La construcción y el mantenimiento estarán a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que conformarán las empresas que se adjudiquen los tres grupos de línea que pondrá en juego la licitación.

La primera versión del pliego establecía que los usuarios podían combinar el boleto dentro de una ventana temporal de 60 minutos. Fuera de ese rango, debían adquirir otro. A partir de los planteos que fueron formulados en el Concejo, el gobierno amplió a 75 los minutos disponibles en horario diurno y a 120 en el nocturno.

También dispuso que el plazo para alcanzar un cien por ciento de la flota con pisos bajos para generar mayor accesibilidad fuera reducido de 16 a 12 años.

Además, el municipio decidió que se harán públicos los costos y la metodología para calcular la tarifa. Eso sí: desechó el pedido para que ante cada pedido de aumento interviniera la Facultad de Ciencias Económicas. En cambio, estableció que la fórmula deberá ser revisada cada cinco años.

Los datos del sistema, como los kilómetros recorridos, la demanda, los boletos vendidos y la flota, estarán abiertos al público. Otro cambio es que se prohibirá a los partidos políticos la publicidad en los colectivos. Por su parte, las empresas deberán respetar las leyes de cupo trans (al menos el 1% del personal) y discapacidad (el 4%). También la Ley Micaela, por lo que deberán capacitar en género a su personal.

Ante la demanda de la oposición, el Ejecutivo aceptó incorporar una cláusula antimonopólica. “Constituye condición esencial para el funcionamiento del SITU (Sistema Integrado de Transporte Urbano) que cada grupo de líneas sea operado por diferentes sujetos de derecho”, señala, y puntualiza que esa condición deberá mantenerse desde el principio hasta el final del contrato.

El futuro sistema reconocerá el boleto universitario vigente en los convenios que firme el gobierno provincial con las universidades. Galván recordó que, a lo largo del debate, también se solicitaron el boleto obrero, el de las familias numerosas, uno para empleados de comercio, otro sanitario, el boleto para mujeres en situación de vulnerabilidad y el de los estudiantes de institutos superiores, que no fueron incluidos en el pliego.

Entre las modificaciones tampoco estuvieron la modificación del plazo de concesión (20 años con opción de prórroga de cinco), la división del pliego en dos para separar las obras de infraestructura del servicio de transporte y la inclusión de una línea municipal testigo.

“En las ciudades en que se han implantado estas líneas no están dando resultado. No son testigo de nada. La mayoría han sido totalmente deficitarias”, aclaró el subsecretario de Movilidad, y mencionó los casos de Rosario y Bahía Blanca.

Una de las críticas opositoras aludía a que el pliego no modificaba recorridos. Galván sostuvo que registra “25 cambios” y que el futuro sistema incrementará en siete millones los kilómetros que recorrerán los colectivos.