Un efectivo de la Policía Bonaerense que amenazó de muerte a la abogada de su expareja, quien lo acusa de violencia de género, fue procesado con prisión preventiva en las últimas horas por orden de la Justicia Federal.

El caso, cuya investigación es realizada por la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri, se conoció ahora pero comenzó el 7 de mayo pasado, cuando la letrada Claudia Vera recibió en su teléfono celular una intimidación que la motivó a denunciar de inmediato la agresión.

Sucede que Vera, además de su profesión, es presidente de AMI (Asociación Mundo Imaginario), una organización defensora de los derechos del colectivo LGBTQ+ que tiene su sede en el local donde en el pasado funcionó el prostíbulo Madaho’s (Alem y Veytes). En ese momento, al recibir la amenaza anónima desde un número de teléfono desconocido, sospechó que la misma podía estar vinculada a esa actividad.

“El mensaje decía algo así como que me iban a matar por pañuelo verde y en defensa de Dios y la Patria”, expresó la profesional en diálogo con LA CAPITAL. Por ese motivo, radicó la causa en la Justicia Federal.

Con el paso del tiempo, y por medio de la colaboración de la delegación local de la Dirección General de Acceso a la Justicia (Atajo), el juez federal Santiago Inchausti supo a través de la fiscal Mazzaferri que la amenaza había sido realizada desde un teléfono que estaba a nombre de una cliente de la propia Vera. Al tomar conocimiento de eso, se llegó a la conclusión de que el autor era precisamente un policía expareja de la mujer representada por la abogada, acusado por esa mujer en el marco de una causa de violencia de género que lleva adelante la Justicia de Familia.

Tras dos meses de iniciado el caso, el magistrado decidió procesar la semana pasada al policía, que fue separado de la fuerza, con prisión preventiva y un embargo de un millón de pesos bajo el objetivo de “garantizar la pena pecuniaria, la responsabilidad civil y penal que pudiere caberle y reparación de las víctimas”.

La investigación

La causa se originó luego de la denuncia que hizo Vera el 7 de mayo último, tras haber recibido una serie de mensajes por Whatsapp desde un número desconocido. Luego una serie de medidas de prueba solicitadas por el Ministerio Público Fiscal con el objetivo de identificar al agresor, se pudo establecer que la línea telefónica de la que provenían los mensajes había sido registrada a nombre de la mujer que justamente era representada por la damnificada en casos de violencia de género. El hombre ahora procesado -pareja de la mujer- había sido denunciado en marzo de este año por ella en el fuero provincial.

Desde el inicio de la investigación se dispusieron medidas de seguridad sobre las víctimas –la abogada y su núcleo familiar-, que incluso se vieron reforzadas a propuesta de la fiscalía, a medida que avanzaba el caso y se fortalecía la hipótesis fiscal. Por otra parte, la fiscal Mazzaferri decidió comunicar los avances del caso a los/as magistrados/as provinciales, precisamente para que pudieran profundizarse las medidas de protección dictadas oportunamente respecto de la víctima de violencia de género, en sintonía con las adoptadas en la órbita federal respecto de su abogada, lo cual fue dispuesto en el fuero provincial. El objetivo era lograr una actuación coordinada con la justicia ordinaria que intervenía en el marco de los hechos de violencia de género denunciados por la expareja del imputado.

En este sentido, la actuación de la fiscalía estuvo guiada, desde el inicio, por el deber de la debida diligencia reforzada que se desprende del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará y la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las mujeres. La fiscalía federal planteó la actuación articulada en función de ese deber, más allá de las cuestiones de competencia que se pudieran suscitar y que, incluso cuando efectivamente se plantearon, fueron rechazadas por el magistrado en consonancia con el dictamen del MPF.

El fallo

De acuerdo a la resolución y en línea con lo planteado por la fiscalía en sus intervenciones, el objetivo de las amenazas era evitar ciertas actuaciones en los expedientes en los que el imputado fue denunciado en la justicia provincial.

El magistrado federal sostuvo también, tal como lo había planteado el MPF, que el expolicía llevaba adelante distintas acciones contra su expareja “como método de dominación en el marco del círculo de violencia” en el que la había involucrado. Entre otras situaciones, se comprobó que obtuvo y puso a nombre de ella gran cantidad de armas y bienes, registró líneas telefónicas bajo su titularidad y creó correos electrónicos con su nombre.

La línea desde la cual se profirieron las amenazas había cambiado de titularidad justo el día anterior al hecho y se había fijado a nombre de la mujer. En ese contexto, el magistrado recordó que en una de las denuncias formuladas ante la justicia provincial, la mujer había denunciado una serie de amenazas que le efectuaron desde un correo electrónico que estaba registrado bajo sus datos personales.

Además de las medidas realizadas para identificar al hombre como el autor de las amenazas (entrecruzamientos de llamadas e impacto de estas en las antenas de telefonía celular), se llevaron adelante también una serie de allanamientos en domicilios del entorno del implicado. En uno de ellos se secuestraron distintos tipos de armas y 2586 municiones. En otro se encontró un arma tipo carabina, un silenciador, una mira holográfica táctica y los documentos de identidad tanto del hombre como de su expareja y el hijo de ella. Estos resultados también fueron informados por la fiscala federal actuante ante el fuero provincial, en el entendimiento de que los elementos hallados en los domicilios registrados pueden resultar de sumo interés para el comprobación de los sucesos que se encuentran en investigación allí.

“De todo ello se deriva que las amenazas infundidas sumado a las circunstancias personales del imputado (ex funcionario de fuerzas especiales) con el material incautado hacen a todas luces que dichas amenazas sean serias e infundan miedo por la integridad de las amenazadas”, resaltó el juez Inchausti.

En su resolución, el juez marcó también que el propósito del hombre era que la abogada no desempeñara su función como representante legal de su expareja y agregó que, de acuerdo al contenido de los mensajes, podría vincularse con la ideología que tiene la damnificada. Para el juez, el accionar del imputado “no era otro que el de sometimiento y vulneración de estas mujeres víctimas y compeler a que la abogada de su ex mujer no realizara actos que pudieran involucrarlo”. En este sentido, consideró expresamente que el caso involucraba un supuesto de violencia de género, que llamó indirecta.

Como el hombre habría revestido funciones en las fuerzas de seguridad, el juez federal consideró que “cuenta con un entrenamiento físico, que le permitiría cumplir agresiones sobre la persona de las víctimas, también que tiene conocimiento en el uso de armas y acceso a estas, asimismo que cuenta contactos y medios necesarios para sustraerse del accionar de la justicia”.