Los beneficiarios del juicio por la expropiación de la empresa YPF en 2012 por parte del Estado argentino pidieron a la juez Loretta Preska de Nueva York que ordene poner a su titularidad todas las acciones de la petrolera expropiada, según documentos hechos públicos.

El principal beneficiario es el bufete de abogados inglés Burford, que formuló esta petición después de que el país no haya abonado los 16.100 millones de dólares que la jueza ordenó pagar al Estado argentino el pasado noviembre, y que le servirían para evitar embargos futuros.

El pedido está fechado el 1 de abril, pero la jueza ordenó este viernes que se desclasificara ese documento.

El analista Sebastian Maril, experto en el caso, indicó en su cuenta de X que la petición de transferir la titularidad se refiere no solo a las acciones en manos del Estado, sino también a las que tienen las provincias.

El presidente Javier Milei se refirió en alguna ocasión al caso por la expropiación y ha reconocido abiertamente que el Estado argentino no tiene el dinero: “No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar (pero) sí tenemos la voluntad de pagar”, dijo en diciembre pasado.

No obstante, el fallo de Preska sobre la posible transferencia está lejos: puso como fecha límite el 16 de mayo para que el Gobierno argentino presente su moción de oposición, y el 30 de mayo para que le respondan los beneficiarios.

La jueza denegó este viernes una solicitud de los beneficiarios para mantener oculta la petición de transferencia, en la que argumentaban que hacerla pública “impediría su capacidad de tener una discusión comercial” al poner en cuestión la propiedad mayoritaria y control de Argentina sobre YPF.

Preska, en su negativa, responde que “no es un secreto” que Argentina tiene control desde hace años sobre YPF y, al ordenar la desclasificación, apostilla que “el tribunal no se ve persuadido por el desfile de horrores que han descripto los demandantes”.