La UNESCO, a principios de 2014, publicó en un informe que 19 países en América Latina y el Caribe tenían normas de acceso a la información. En el detalle aparecen Brasil, Chile, Ecuador, México y Perú. Luego, Paraguay sancionó su ley, y se sumó a esa lista. En la Argentina, la sanción sigue pendiente.

Así, nuestro país es uno de los pocos en la región sin una ley de acceso a la información pública. Al considerar por qué debemos saldar esa deuda, es esencial saber que hablamos de un derecho humano; toda persona debe poder acceder a la información y a su vez, es fundamental que sepan a quién se la puede pedir, cómo pueden hacerlo, qué debe contener la información que reciban y qué pueden hacer ante la negativa u omisión por parte del responsable de entregarla. En síntesis, la ley es fundamental para asegurar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información necesaria para controlar y participar en la gestión pública.

En nuestro país hubo intentos: todos se frenaron en el poder legislativo, y perdieron estado parlamentario. Hasta hoy, este tema central para la vida democrática de un país, se regula en el nuestro con el decreto 1172/2003, de diciembre de 2003, que permite solicitar información solamente al Poder Ejecutivo y a las instituciones que dependen de él. También la ciudad de Buenos Aires, y algunas provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Catamarca tienen normas propias.

Ahora el gobierno nacional de Cambiemos impulsa un nuevo proyecto. Saber en qué consiste es central para que todos los habitantes del país se comprometan con su sanción definitiva. Básicamente, lo que permite este proyecto es poder solicitar información ante el funcionario que la tenga sin deber cumplir con ninguna formalidad, ni necesidad de expresar las razones que motivan la solicitud, ni tampoco de identificarse. Los que hagan el pedido solo deberán dejar un dato de contacto. Así, todos los organismos, empresas y organizaciones en las que haya participación del Estado, son “sujetos obligados” a brindar esa información. Es decir, alcanza a todos los niveles del Estado, y no solo al Poder Ejecutivo, como en el actual decreto.

El proyecto establece también cómo debe ser la información que se brinda a los ciudadanos: debe regirse bajo el principio de máxima apertura y divulgación; ser accesible para todas las personas en formatos electrónicos abiertos que faciliten el procesamiento por medios automáticos, y que permitan su reutilización o redistribución por terceros.

Por último, lo esencial de una ley de estas características es incluir mecanismos de sanción frente a su incumplimiento. Para controlar que el sistema funcione, la ley establece un Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, que regula un proceso de selección transparente, con sus respectivas funciones y atribuciones; y que también establece vías de reclamo administrativas y judiciales. Habrá, además, un régimen de responsabilidad disciplinaria de los funcionarios que incumplieran los deberes establecidos en la ley.

Debemos llevar a la Argentina un paso más hacia un estado moderno, abierto y democrático. Hoy no estamos ni siquiera en las mismas condiciones que nuestros vecinos. Por eso impulsamos este proyecto, porque creemos que la transparencia es un derecho de todos los habitantes, y una responsabilidad ineludible del Estado.

(*): Diputado provincial por Cambiemos.