El juez federal Ariel Lijo procesó a varios involucrados en la causa conocida como “mafia de los medicamentos” por haber blanqueado dinero de origen ilegal mediante aportes a la campaña electoral que llevó a Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia en 2007.

En una resolución contenida en casi 150 páginas, Lijo dispuso el procesamiento del ex superintendente de Servicios de la Salud y principal recaudador para la campaña del Frente para la Victoria (FPV), Héctor Capaccioli.

También, del ex legislador Sebastián Gramajo, de los empresarios vinculados con la actividad farmacéutica Néstor Lorenzo, Carlos Torres y Gabriel Brito y de Solange Bellone, viuda de una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.

El juez dispuso embargos en cada caso hasta cubrir la suma de tres millones de pesos.
Ninguno de los imputados irá, por ahora, a la cárcel, pues el juez dispuso que los procesamientos, por el delito de “lavado de activos de origen delictivo”, sean sin prisión preventiva.

A todos les reprocha haber utilizado las empresas farmacéuticas Multipharma, Global Pharmacy y Seacamp, que no estaban en condiciones económicas de hacer aportes para campañas electorales, para blanquear fondos de origen ilegal aún no establecido.

Según Lijo, mediante ese mecanismo obtuvieron apariencia de legalidad y se pusieron en circulación fondos de origen espurio por un total de 886 mil pesos.

Lorenzo y Capaccioli, ambos imputados en la “mafia de los medicamentos”, fueron -según Lijo- “los encargados de poner en circulación este dinero y aprovecharon la campaña política para llevarlo a cabo”.

Las empresas farmacéuticas fungieron como pantalla: aparecieron como aportantes a la campaña cuando económicamente no podían hacerlo, libraron cheques a su nombre y al momento de efectivizar el pago obtenían anónimamente en sus cuentas depósitos por el monto a debitar.