El Gobierno bonaerense promulgó la declaración de la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires por el plazo de un año, sancionada el 21 de abril pasado en la Legislatura.

Se trata de una iniciativa impulsada por el gobernador Axel Kicillof, que suspende la ejecución de sentencias de desalojo y los cortes de servicios públicos por falta de pago para esas entidades.

Se encuentran alcanzadas por la emergencia “las empresas conformadas como cooperativa de trabajo, o con trámite de constitución, que se encuentren gestionadas por sus trabajadores provenientes de una empresa anterior que entró en cesación de actividades, quiebra, cierre del establecimiento, abandono de los titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de los empleadores, trasvasamiento o cesión a favor de los trabajadores de maquinarias, inmuebles o activos, disolución de la sociedad con causal de liquidación o de cierre por cualquier causa”.

La norma, publicada en el Boletín Oficial del distrito, podrá ser prorrogada por el Poder Ejecutivo, “por única vez y por igual término, en caso de verificarse que las causales que justifican la emergencia no han cesado”.

Se trata de una iniciativa que protege a las empresas que hayan sido recuperadas por sus trabajadores y forma parte de las políticas provinciales de acompañamiento y estímulo al movimiento cooperativo bonaerense.

Además, declara de interés provincial el proceso de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores.