El canciller Pablo Quirno negó que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Gobierno de Javier Milei esta semana al Congreso y que contempla penas de prisión para quienes realicen “campañas de desinformación”, implique una restricción a la libertad de expresión y defendió la necesidad de contar con herramientas frente a operaciones de origen extranjero.

El funcionario negó que la iniciativa tenga que ver con la “restricción a la libertad de expresión” y explicó que está dirigida a “campañas masivas originadas por un Estado o un organismo extranjero”, durante una entrevista con el canal A24.

“Nosotros tomamos las amenazas que Argentina puede llegar a tener de manera muy seria”, afirmó Quirno.

Señaló también que existen legislaciones similares en “países como Estados Unidos, Singapur y Canadá”, en referencia a las herramientas para hacer frente a operaciones de influencia extranjera.

Según Quirno, la legislación argentina actual es anticuada y defendió la incorporación de nuevos mecanismos para perseguir nuevos delitos.

“Alguien que quiere impactar en una campaña electoral, si nosotros no tenemos las herramientas para condenar ese delito, esa gente puede trabajar libremente”, planteó.

El artículo 111 del proyecto enviado esta semana por Milei al Congreso establece penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a “alterar procesos electorales” o “manipular la opinión pública” mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”.

Las penas se elevan a entre ocho y quince años cuando, además, haya amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.

La iniciativa generó cuestionamientos de organizaciones periodísticas, constitucionalistas y dirigentes opositores por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) consideró que el proyecto supone “un riesgo concreto para la libertad de expresión” y pidió revisar el artículo para evitar que pueda “penalizar el ejercicio legítimo del periodismo y limitar la crítica política y de asuntos de interés público”.