Al cumplirse el plazo de cinco días otorgado por el gobierno local a la Asociación Rancho Móvil para desarmar las construcciones ilegales sobre el acantilado en el extremo sur de Mar del Plata, el Municipio desplegó ayer un importante operativo con apoyo de la policía para avanzar en el retiro de todas las cabañas, y acordó con la mayoría de los propietarios que los lujosos “ranchitos” frente al mar sean levantados del predio, que quedará bajo administración municipal y a futuro se licitará.

En el procedimiento participaron autoridades del Ente Municipal de Turismo (Emtur), una decena de agentes de Inspección General, efectivos de la Policía Bonaerense y funcionarios municipales, entre ellos el propio secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, y el de Seguridad, Marcelo Lencina, además del presidente del Ente de Servicios Urbanos (Emsur), Eduardo Leitao.

Luego de que mediante un decreto el intendente intimara a los propietarios de las cabañas a desalojar el lugar, como informó LA CAPITAL, cumplido el plazo representantes del municipio se presentaron ayer temprano en Rancho Móvil. Alrededor de las 8, la presencia de una grúa, un camión, móviles policiales, funcionarios y efectivos puso en alerta a los propietarios de algunas de las cabañas ilegalmente construidas, como así también a socios de esta asociación civil que utilizan solo para acampar el predio ubicado sobre la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur, en el kilómetro 544 de la Ruta Interbalnearia Nº 11, a minutos de Miramar.

Hasta ese momento ninguna de las cabañas había sido desmontada. El operativo comenzó con el retiro de una construcción hecha con un contenedor, cuya propietaria había decidido sacarla por voluntad propia. Para removerla se utilizó la grúa que había llegado momentos antes y para cargarla un camión de la empresa Scor Dina.

La cabaña fue retirada en unos pocos minutos. Enseguida, otro de los propietarios llegó por la ruta en su camioneta y anunció al personal policial que custodiaba la puerta: “Vine a desarmar”. Con el mismo objetivo fueron arribando varios de los propietarios en el transcurso de una mañana de intenso movimiento que interrumpió la quietud del barrio.

Durante buena parte de la jornada, la situación se repitió. Más propietarios arribaron en autos y camionetas para desamar sus construcciones. “Tengo una cabaña, no sabía nada, vine a levantarla”, comentó uno de ellos. “Me enteré del desalojo y vine a 150 kilómetros por hora por camino de tierra; acá se criaron mis hijos”, esgrimió otros. Algunos reconocieron que conocían la clandestinidad que implicaba construir sobre estas parcelas que comercializaban algunos integrantes de la asociación civil. Otros se mostraron sorprendidos: “Me dijeron que vendían una cabaña y compré, ¿qué sabía que no se podía?; el tema ahora es ¿quién nos devuelve la plata?”.

Acuerdo

La presencia de inspectores, funcionarios y policías generó algunos momentos de tensión con los vecinos propietarios, como así también con quienes utilizan el predio respetando los usos previstos (casillas rodantes, trailers y carpas). Sin embargo, a través del diálogo, se llegó a un acuerdo para el desarme de la totalidad de las construcciones sobre el acantilado en el predio que ya no administra Rancho Móvil sino -de ahora en más- el Municipio.

Los representantes del Ejecutivo informaron a varios vecinos y propietarios que tenían la orden del intendente Carlos Arroyo de ejecutar el decreto N° 111/19 mediante el cual se dispuso la caducidad del permiso precario otorgado a la Asociación Rancho Móvil de la Costa y la toma de posesión de la unidad Turística Fiscal por parte del Emtur.

Una vez levantadas las primeras construcciones, se invitó a todos los asociados a que se acercaran a la administración a que procedan al desarme y retiro voluntario de sus unidades. Y así fue. Cada uno se dirigió hasta el acceso y se comprometió a levantar su cabaña en el corto plazo. Se vivieron acaloradas discusiones entre algunos socios en ese momento.

Desde el Municipio informaron que para concretar ese proceso y liberar el espacio “sin utilizar la fuerza” ni avanzar con la maquinaria pesada para desmontar las estructuras, se les otorgó “un plazo prudencial” para que pudieran realizar el desarme, de no más de uno o dos días. “Estuvieron meses, con que estén un día más no pasa nada”, comentó un funcionario y deslizó: “No más de 48 horas, no tiene que quedar nada acá”.

A su vez, en todas aquellas unidades en las cuales no se presentó ninguna persona ni representante, se procedió a colocar una faja de clausura. Y se les comunicó, además, que debían retirarse y desocupar el predio a excepción de aquellos que ejecutaban el retiro.

El futuro del lugar

La presidenta del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Gabriela Magnoler, esquivó a los medios durante todo el operativo. Se paseó delante de la prensa pero evitó hacer declaraciones, aunque se las encomendó a la directora de Recursos Turísticos del ente, Mónica Rábano, quien fue la encargada de dar precisiones sobre el procedimiento, pero también sobre el futuro de este predio que desde el 2003, a través de un permiso precario, utilizaban los socios del Rancho Móvil.

En medio del operativo, la funcionaria confirmó a LA CAPITAL que “el predio quedará bajo administración municipal” y que “a futuro se licitará”.

Rábano explicó que el plan es que el predio sea licitado para que se cumpla la idea “original” del permiso, es decir, que se puedan instalar casillas rodantes, carpas y que sea de libre acceso el uso de la playa que cuenta con guardavidas municipales.

Además, la funcionaria adelantó que se presentará una denuncia penal contra la asociación Rancho Móvil, por posibles delitos en cuanto a la supuesta venta de terrenos que son propiedad del municipio.

“Estamos dando cumplimiento al decreto del intendente en que se ha decidido dar caducidad a un permiso precario a la asociación Rancho Móvil, en virtud al incumplimiento de varios aspectos de la reglamentación del permiso”, expresó la representante del Emtur y agregó: “El desalojo fue pacífico. Se convocó a los integrantes de la asociación para que retiren sus pertenencias y desmanteles sus elementos”.

“No íbamos a ingresar con acción violenta, sino coordinar para que retiraran sus cosas y podamos en los próximos días tener la unidad despejada”, dijo la directora de recursos turísticos del Emtur. Sin embargo, aclaró que en el caso de que algunas cabañas no sean retiradas, “sí se iniciara el desmonte por parte del Municipio con costas a cargo del propietario”.

Rábano informó que Rancho Móvil se hizo cargo del predio en 2003 “cuando el primer grupo de asociados se presentó para conseguir permiso para casillas rodantes y afines. Fue entregado por el Concejo Deliberante y reglamentado por el Ejecutivo. Entendiendo por ‘afines’ elementos de menor cuantía a la de una casilla rodante, como puede ser una carpa o elemento desmontable”.

“En algún momento hay un cambio de comisión, y aparentemente comenzó a trabajar en otro sentido. Autorizó, sin consulta al municipio, la instalación de esas estructuras fijas que lejos están de ser una casilla rodante”, dijo Rabano.

Con respecto a las personas que integran la asociación Rancho Móvil, la funcionaria aseguró que el Emtur “no persigue gente”. “Estamos trabajando para que el lugar recupere el espíritu original: un predio contiguo al mar, con guardavidas municipales, con playa, un lugar paradisíaco que ha tomado una dimensión y características ajenas a lo que el permiso tenía previsto”.

“Disculpe, hay un desalojo”

La usurpación del espacio público en la que incurrió la explotación del predio por parte de la asociación que lucró con las parcelas y cabañas frente al mar afectó la posibilidad de que vecinos y turistas puedan acceder libre y fácilmente a la playa pública ubicada justo debajo del acantilado. Esa playa terminó volviéndose prácticamente exclusiva para los socios. Sin embargo, a raíz de las denuncias y presentaciones de los vecinos de la zona, en los últimos meses se optimizaron los accesos.

Ayer, sin embargo, fue imposible ingresar. Pese a tratarse de un espacio público, la policía invitó a los medios de comunicación a retirarse y la gente, familias de marplatenses y turistas que pretendían ingresar al lugar, encontró denegado su acceso.

“Disculpe, hay un desalojo”, repitieron decenas de veces durante el operativo a cada familia que pretendía ingresar a disfrutar de la playa pública. “Entren por otro lado”, seguía el parte informativo. Muchos se quejaron por tener que caminar al filo de la Ruta 11 con sus hijos, debido a este operativo. Solo unos pocos lograron cruzar el alambrado e ingresar igual.

En cambio, cada uno de los propietarios de cabañas o simplemente socios de Rancho Móvil, eran invitados por el personal policial directamente a la administración para presentar su documentación y acordar el retiro de sus pertenencias.

El avance del desarrollo inmobiliario sobre el espacio público resume en el Rancho Móvil lo que desde hace años vienen exponiendo desde la Asamblea en Defensa de los Espacios Públicos: sectores prácticamente vírgenes de la costa marplatense, como está ocurriendo en el extremo sur, avasallados por concesiones a balnearios y empresarios que explotan la naturaleza para desarrollar su negocio a costas de la destrucción del medio ambiente. Ayer, el negocio de algunos en torno al Rancho Móvil, por el momento terminó.
“Montamos una guardia de 24 horas hasta que se vayan todos”

El secretario de Seguridad del Municipio, Marcelo Lencina, estuvo junto al personal del área a su cargo brindando apoyo operativo al Emtur durante el procedimiento realizado ayer en el Rancho Móvil

“El lugar ya está a cargo del Municipio. Nosotros vinimos a colaborar, conversamos con los vecinos y muchos rápidamente desarmaron sus lugares”, dijo el funcionario, quien confirmó que la Secretaría montó en el predio “una guardia de 24 horas hasta que vayan todos, hasta que salga la última persona, para que esté todo bien, no pase nada y se maneje en un marco de normalidad”.

Lencina explicó, en sintonía con lo que acordaron los vecinos con las autoridades del Emtur, que “se establecieron plazos prudentes para el desarme de las estructuras”, aunque remarcó enseguida que “la idea es que esto se levante en su totalidad lo antes posible porque ya corresponde al Municipio”.

El secretario de Seguridad contó además que al arribar al lugar y poner en marcha el operativo, “algunos vecinos estaban al tanto de la situación y otros no”, por lo que se comunicó el fundamento del procedimiento. “En general lo tomaron bien, algunos estaban un poco molestos; es entendible”, comentó.

“Ahora se manejan tiempos y se estima que en pocas horas el lugar va a estar totalmente liberado. Tanto quienes tenían estas cabañas como los que estaban en las casillas rodantes tendrán que irse. Esto se tenía que terminar”, cerró Lencina.

El negocio

Los socios fundadores, aquellos que en algunos casos hace más de 25 o 30 años utilizan el predio con sus fines hasta ahora permitidos, fueron quienes crearon la Asociación Rancho Móvil allá por el 2003 como “un club de amigos”, unidos por la pasión por el acampe y el aire libre. Sin embargo, uno de los recientes cambios en la comisión directiva provocó un “cambió el perfil” del sitio y “comenzó a haber un importante negocio”.

Para tener una “cabaña” dentro del predio de Rancho Móvil, primero había que asociarse. La cuota era de $ 1.000 mensuales y se abonaba en una oficina instalada sobre el acantilado o bien por transferencia bancaria.

De las primeras tres cabañas, una de ellas del concejal Santiago Bonifatti -la primera en ser desarmada en los últimos meses del 2018, como dio a conocer el medio QUÉ Digital- con el correr de los meses más socios comenzaron a instalar su “ranchito”.

Muchas casillas llegaban prefabricadas, eran llevadas en containers; otras las montaban en seco sobre el acantilado. Pequeñas, acogedoras, bien equipadas y con grandes ventanales hacia el verde que recubre el acantilado y el mar. Llegó a haber 17 cabañas.

Vecinos de la zona afirman que desde hace un tiempo quienes manejaban el espacio comenzaron a vender parcelas por entre $30.000 y $50.000. Dice también que habían lanzado “una promoción” y a los nuevos inversores se les ofrecía el combo de parcela y cabaña instalada por alrededor de $150.000.

Además, según reflejaron, “algunos alquilaban sus propias cabañas”. Han observado en más de una oportunidad que los “ranchitos” figuraban en Facebook o en la aplicación AirBnb y que se ofrecían por $2,000 diarios, algo que por supuesto no estaba permitido dentro de los alcances del precario permiso, pero que en el último tiempo dejó de ocurrir y las publicaciones fueron borradas.