El 21 de octubre una jubilada de 82 años llamó a la policía para que detuviera a su propio hijo. El 23, una mujer y un hombre fueron aprehendidos por agredir, en distintos puntos de la ciudad, a sus respectivas ex parejas. El 24, un joven con antecedentes terminó preso por amenazar a su abuelo, y ocurrió lo mismo con otro que atacó a su madre. También ese día dos cuñados se pelearon en una vivienda y uno de ellos resultó aprehendido; y en otro episodio, el último miércoles, un vecino denunció a su propio tío por querer robarle y golpearlo.

Todos esos casos sucedieron en menos de una semana en diferentes zonas del Partido de General Pueyrredon y son apenas un puñado de los que comunicó la Jefatura Departamental a la prensa. La estadística, el frío número con el que se suelen medir los fenómenos de conducta social, aún está en proceso. Pero a esta altura del año, los operadores judiciales y también las fuentes extraoficiales de la policía coinciden en que la violencia intrafamiliar recrudeció en 2022.

Como muestra gratis de lo que significa esta problemática, compleja de resolver, LA CAPITAL tomó conocimiento de un dato escalofriante: después los cuatro días del último fin de semana largo solamente uno de los seis juzgados de Familia -que estaba de turno- recibió 68 denuncias por agresiones entre personas unidas por un mismo lazo sanguíneo o vincular. En general, sostienen los informantes de ese fuero, un juzgado marplatense puede llegar a tramitar poco más de 80 casos por mes, aproximadamente. Es decir, casi la misma cantidad se registró directamente en esos cuatro días.

De todas formas, los funcionarios consultados manifiestan que lo que preocupa no es tanto la estadística, sino el incremento de “la calidad de las agresiones”. “Hay situaciones más violentas, más crudas, más grotescas y evidentes”, dicen.

Los especialistas coinciden en adjudicar las razones de este recrudecimiento de la violencia intrafamiliar en la crisis socioeconómica, el consumo de sustancias tóxicas, el estrés de la pospandemia y las consecuencias que todo eso trae a la salud mental de los ciudadanos.

En general, este tipo de hechos toma trascendencia a partir de la intervención de la policía. Es decir, ocurre un caso y una víctima o un testigo llama al 911, tras lo cual arriba a determinado sitio personal de la comisaría que allí tiene jurisdicción. De otra forma, una persona damnificada se presenta en la Comisaría de la Mujer y la Familia (ubicada en el Centro de Operaciones y Monitoreo -COM-, de Juan B. Justo y 20 de Septiembre) y allí radica la correspondiente denuncia.

Entonces, una vez que los uniformados labran las actas, las mismas son remitidas al fuero judicial correspondiente: algunas, como por ejemplo las que incluyen agresiones graves, recaen en la Justicia penal. Otras, en cambio, en la Justicia de Familia. También existen muchas en las que intervienen ambas.

Días atrás, un hombre fue detenido por agredir a su abuelo.

Los jefes policiales que están a cargo de investigar este tipo de hechos, por la verticalidad de la estructura de la fuerza, generalmente no hablan oficialmente con la prensa. Sin embargo, es fácil hacer un análisis de los comunicados que diariamente envían a la prensa, del que se desprende la existencia de la problemática.

En suma, los mismos uniformados off the record suelen manifestar que últimamente aumentaron los llamados al 911 y el número de procedimientos en viviendas donde ocurren casos de violencia intrafamiliar. En su mayoría, remarcan, subyace allí la trama de la violencia de género.

El trasfondo

En lo que hace a la Justicia penal, los casos resonantes son innumerables en los últimos años. Sin embargo, como ejemplos claros de violencia intrafamiliar y de género se podrían citar el parricidio de la calle Matheu, ocurrido a mediados de septiembre, y el femicidio de Rodríguez Peña e Independencia sucedido días atrás.

En ambas investigaciones interviene, por haber estado de turno justo en las dos fechas, el fiscal Alejandro Pellegrinelli. Durante los últimos meses, el instructor judicial que en el pasado se desempeñó en la Fiscalía de Estupefacientes recalcó el recrudecimiento de la violencia intrafamiliar, y sostuvo en diálogo con la prensa que la venta y el consumo de droga es una de las razones de ese grave fenómeno.

El doble crimen de Corina Tapia (36) y José Tapia (65), a manos de Saian Uriel Tapia (18) -hijo y nieto de las víctimas, respectivamente-, mencionado antes como “el parricidio de la calle Matheu”, es para el investigador un caso testigo de aquello.

En tanto, el femicidio de Gina Aroni Hurtado, la mujer de 38 años que sufrió un traumatismo de cráneo severo que le provocó la muerte luego de un presunto ataque de su concubino y padre de su hijo menor, Sebastián Alfonso Martínez (25), es un ejemplo en el que los fueros judiciales penal y familiar deben trabajar en conjunto.

En ese sentido, la magistrada Clara Alejandra Obligado, que intervino en el inicio de ese caso sucedido la semana pasada y con el desenlace fatal ocurrido el último martes, no duda en que la violencia intrafamiliar aumentó a partir de la desidia, la falta de recursos y la negligencia del Estado.

Obligado es titular de uno de los seis juzgados de familia que hay en el Departamento Judicial Mar del Plata. Cada uno de ellos está de turno durante diez días del mes y debe intervenir en hechos de urgencia, a la vez que tramita las causas por las distintas denuncias que se llevan a cabo en forma cotidiana.

Es que los hechos graves son, habitualmente, los que se publican o trascienden, pero existen muchos otros que no salen a la luz porque tal vez sus desenlaces no alcanzan la fatalidad. “La mayoría de las cosas que pasan, que son un montón, no se conocen porque los que terminan con heridos graves o incluso en muertes son pocas. Pero eso no significa que las de menor relevancia no sean las que después derivan en casos graves si no se interviene antes”, especifica una de las fuentes consultadas.

Por ejemplo, el femicidio de Aroni, enmarcado según las pruebas preliminares en un evidente caso de violencia de género, hizo que la jueza Obligado debiera ordenar una medida de resguardo de los dos hijos de la víctima, de 8 años y 9 meses, ya que el acusado -padre del bebé- era quien estaba a cargo de ambos, y después de la internación de la mujer quedó detenido.

Gina Aroni Hurtado y Sebastián Alfonso Martínez.

Si bien en este caso no se tienen registros de antecedentes de violencia de género o intrafamiliar, puede que hayan existido agresiones psicológicas y/o bien físicas y que no fueran denunciadas. También es posible que se haya tratado de un episodio aislado, como fue el parricidio de la calle Matheu conforme indican las primeras versiones recogidas entre los familiares de Saian Tapia, el autor, quien se encuentra internado en el área de Salud Mental del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) desde que se produjo el hecho. Los investigadores consideran que sufrió un brote psiquiátrico al cometer el ataque -en el que también resultó herida su abuela, que sobrevivió-, producto del consumo de estupefacientes, y no estaría en condiciones psíquicas de afrontar un proceso penal.

Crecimiento exponencial

A pesar de que, como se explicó antes, la confección de la estadística está en proceso, LA CAPITAL pudo conocer una de las cifras que forman parte del registro que un operador técnico judicial lleva adelante de manera particular.

Especialista en psicología, el informante consultado a propósito indicó que el incremento de los casos de “violencia vincular” -como le llama a este tipo de hechos intrafamiliares o de género- en 2022 es hasta ahora del 46 por ciento respecto de la misma época del año pasado.

“Es un crecimiento exponencial, el aumento es violento. Es terrible lo que está pasando… Hay muchas cosas contenidas del encierro por la pandemia que salieron a flote todas juntas”, analiza la fuente.

En esa línea, esboza también como uno de los motivos el consumo problemático de sustancias y no duda en señalar que la primera de ellas, por encima de todas las demás, es el alcohol, según las propias declaraciones de los damnificados. “Parece una situación de posguerra”, compara.

Respecto de las agresiones y la “calidad” de esa violencia, expresa que es imposible dejar afuera las denuncias por abusos sexuales que también, en su mayoría, se producen de manera intrafamiliar y cuyas víctimas suelen ser menores de edad.

Según cuenta la fuente, que prefiere que su identidad sea resguardada en esta nota, actualmente se llevan a cabo entre tres y cinco audiencias de cámaras Gesell por día. “Estamos saturados de trabajo y nos faltan recursos, sobre todo humanos. Si esto sigue así va a ser difícil resolver semejante problema social”, lamenta.