El Gobierno nacional declaró de interés público un proyecto para remodelar y modernizar la Terminal de Ómnibus de Retiro. La iniciativa, presentada por un consorcio de empresas privadas, contempla una renovación integral del predio y su explotación bajo el régimen de concesión de obra pública.

La medida se formalizó a través del Decreto 273/2026, publicado en el Boletín Oficial. El plan incluye obras de infraestructura, reorganización operativa y la incorporación de servicios comerciales. El objetivo es transformar la terminal en un nodo intermodal que articule distintos medios de transporte y mejore la circulación de pasajeros.

Según el decreto, el financiamiento será completamente privado. El concesionario tendrá a su cargo la administración, operación y mantenimiento de la terminal, además de la ejecución de las obras y la explotación de espacios comerciales. A cambio, deberá pagar un canon mensual al Estado.

El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y deberá convocar a licitación pública dentro de los próximos 60 días. También tendrá que elaborar los pliegos y definir las condiciones técnicas y contractuales del proyecto.

La iniciativa fue evaluada por organismos técnicos como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y áreas de Transporte y Obras Públicas. Los informes oficiales concluyeron que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, económico y financiero.

El plan prevé mejorar la infraestructura existente, optimizar la operación del sistema de transporte y ampliar la oferta de servicios. También incorpora criterios de accesibilidad y plantea una integración más directa con el entorno urbano.

Actualmente, la terminal sigue operada por la empresa TEBA S.A. bajo un esquema precario y prorrogado. Esa situación se mantendrá hasta que se adjudique la nueva concesión.

Como parte del proceso, el Gobierno deberá avanzar en la regularización dominial de los terrenos y solicitar la evaluación urbanística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión oficial deja sin efecto un llamado a licitación anterior, iniciado en 2015, para encuadrar el proyecto dentro del nuevo régimen de iniciativas privadas.