MIRAMAR (Corresponsal).- La llegada del período más cruel del invierno en materia climatológica trajo aparejado nuevamente numerosos reclamos, especialmente por las excesivas tarifas de gas natural y electricidad, en Miramar.

En ese contexto, el titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de General Alvarado, Pablo Otamendi, lleva adelante una tarea activa para defender los derechos de los usuarios a quienes en diversos casos se les hace muy difícil pagar las facturas con los aumentos e impuestos determinados.

“Tenemos inquietudes permanentes y con respecto al año anterior ya se triplicaron las denuncias ante la OMIC por las excesivas tarifas de servicios, sobre todo en el gas natural. En el caso de la luz, fueron dando de baja la tarifa social a muchas personas con lo cual se los expone a tener nuevamente que reiterar el trámite, el cual de por sí es bastante engorroso”, dijo el funcionario en contacto con LA CAPITAL.

La dependencia comunal se viene presentando en todas las audiencias, rechazando estos niveles de cobro y amparos desestimados por la Justicia, aunque las gestiones continúan para tratar de brindarle respuestas a la ciudadanía.

“Tratamos desde nuestro intermedio de que requieran nuevamente la tarifa social ante EDEA. Debemos representar el derecho de los consumidores”, sostuvo Otamendi.

Igualmente, la situación económica y financiera del país desató otros inconvenientes para la gente que también acude a la OMIC en busca de asesoramiento.

“Con esta inestabilidad se dispararon las cuotas de los planes de ahorro y créditos UVA ligados a un nivel de inflación o devaluación. Mucha gente quedó a la deriva y estamos interviniendo. Desde mediados de 2018 las quejas aumentaron considerablemente”, agregó el titular de la OMIC.

Más preocupante aún es el panorama de aquellos que, por necesidad, no tienen claras las reglas de juego, o en el menor de los casos especular o confiarse de la variable económica, se comprometieron en préstamos que hoy los llevan a una situación de sobreendeudamiento.

“Hay muchos que no pueden pagar las cuotas correspondientes y si bien en muchos casos no hay una violación a una normativa legal, tratamos si existe una desproporción muy grande  entre los ingresos de la persona que adquirió la financiación y las cuotas que llegan, de brindar el ámbito de conciliación entre las partes”, concluyó Otamendi.