José Luis Segovia, el exjefe de la Policía Departamental de Mar del Plata, acordó una pena de siete años de prisión en el marco de la causa en la que está acusado de haber encabezado una organización integrada por policías y civiles que habría desarrollado distintas maniobras de corrupción.

El acuerdo de juicio abreviado fue firmado el miércoles ante el fiscal general adjunto Marcos Pagella, por el propio Segovia y su abogado defensor, Martín Bernat. El exjefe policial aceptó la calificación legal atribuida por la Fiscalía y la pena acordada, que además contempla la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, junto con la multa correspondiente.

Segovia permanece detenido en la Unidad Penal 44 de Batán y, de acuerdo con el documento firmado, tanto él como su defensa manifestaron su conformidad con el procedimiento, la calificación jurídica y la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

El acuerdo, sin embargo, todavía no equivale a una condena. Ahora deberá sortearse un Tribunal que tendrá a su cargo analizar las condiciones pactadas, determinar si corresponde homologarlas y, en caso afirmativo, dictar la sentencia.

La eventual condena cerraría así la situación procesal de Segovia por una investigación que durante los últimos años expuso una presunta trama de corrupción dentro de la estructura policial marplatense.

Encubrimiento y cobro de protección
La causa comenzó a tomar forma a partir de una investigación iniciada por un robo ocurrido en Cabo Corrientes en 2020. Las intervenciones telefónicas ordenadas durante aquella pesquisa permitieron a los investigadores avanzar sobre conversaciones que, según la acusación, dejaron al descubierto un entramado de relaciones entre integrantes de la Policía y civiles.

La hipótesis judicial ubicó a Segovia como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada, entre otras maniobras, al encubrimiento de delitos, la recaudación irregular y el abuso de autoridad.

Según la investigación, la estructura habría brindado protección a determinadas actividades financieras informales y habría exigido dinero a comerciantes y prestamistas a cambio de esa cobertura. El expediente también reconstruyó distintos vínculos entre policías y civiles que, para los investigadores, excedían las relaciones propias de sus funciones.

En octubre del año pasado, la Justicia confirmó la elevación a juicio de la causa, por lo que Segovia y el resto de los imputados quedaron en condiciones de enfrentar un debate oral.

Además del exjefe policial, en el expediente aparecen acusados Juan Pablo Velázquez, Mauricio Ramírez Armani, Jonathan Sonzogni y Cristian Gari. La resolución también alcanzó a Lautaro Resúa, cuyo pedido de sobreseimiento fue rechazado, y a Claudio Alaniz, Javier González, Christian Holtkamp, Gastón Moraña, Nicolás Rivademar, Héctor Sosa y Jorge Toletti.

Ahora, el escenario podría modificarse antes de que comience el juicio oral. En Tribunales circula con fuerza la posibilidad de que las defensas del resto de los acusados presenten en los próximos días distintas propuestas de acuerdos abreviados, una alternativa que permitiría evitar el debate oral y resolver la situación procesal de cada uno mediante acuerdos con la Fiscalía.

El caso, de ese modo, podría comenzar a resolverse por distintas vías antes de llegar al juicio que había quedado establecido tras la elevación de la causa.