Martes,06 de Octubre de 2026
El exjefe de la Policía Departamental firmó un acuerdo por una pena de siete años de prisión, pero desde su entorno remarcaron que el procedimiento no equivale a una confesión. También, en comunicación con este medio, señalaron que Segovia siempre quiso ser juzgado por un jurado popular y que su prolongada detención fue determinante para aceptar el abreviado.
El exjefe de la Policía Departamental admitió en un juicio abreviado haber sido el jefe de una asociación ilícita integrada por policías y civiles. El acuerdo incluye la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
La Policía llevó a cabo procedimientos sumiltáneos en distintos barrios de Mar del Plata para esclarecer entraderas, robos de autos y una causa por asociación ilícita. Secuestraron vehículos con pedido de secuestro, 19 chasis, motores adulterados, armas, dólares y 17 teléfonos celulares.
Así lo refleja la presentación hecha por su abogado, Martín Bernat. Desde la Fiscalía General se opusieron, por considerarlo improcedente. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 deberá resolver si el exjefe de la Policía Departamental, policías, civiles y un abogado serán juzgados por un jurado popular.
Lo decidió la Cámara de Casación Penal Federal. En abril, el Tribunal Oral había descartado la comisión del delito de "asociación ilícita" de los doce procesados y sólo tres de ellos quedaban imputados por evasión tributaria. Sin embargo, el expediente dio un giro y se encamina al debate.
También se llevan a cabo operativos en La Plata y en La Matanza, donde funciona Puente 12, la sede central de la Policía Bonaerense.
La Justicia Federal trabó embargos a los acusados por miles de millones de pesos. También sumó dos nuevos imputados a la causa: la mujer del principal sospechoso, que sigue prófugo, y un despachante de aduana.
Para llevar la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, que tendrá seis meses para expedirse, fueron designados los consejeros Eduardo Vischi, Roxana Reyes y Miguel Piedecasas.
La denuncia de un empresario que firmó un contrato mutuo por 100 mil dólares con una alta tasa de interés y por fuera de las regulaciones del mercado financiero, abrió la investigación que desenmascaró las maniobras realizadas por la organización, que operaba con oficinas en el centro marplatense.
