Por César Ventimiglia (*)

¿Qué le puede pedir la comunidad a la autoridad municipal en materia de seguridad?

La ley 12.154 establece que la seguridad pública es materia de competencia exclusiva del gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, debemos reconocer que los gobiernos comunales carecen de facultades en el tema.

Sin embargo, más allá de que se encuentren o no habilitados legalmente para poder llevar políticas integrales en la materia, los intendentes aparecen como destinatarios de los reclamos vecinales y terminan asumiendo responsabilidades específicas.

Respondiendo a la demanda social, durante la gestión del intendente Gustavo Pulti, se instaló un sistema de cámaras de video vigilancia monitoreadas desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) y se implementó el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CEMAED), lo que habilita a la ciudadanía a requerir al gobierno municipal información sobre el funcionamiento de ambas dependencias, para garantizar el monitoreo permanente de todas las cámaras instaladas y la creación de registros delictuales.

Pero existen aspectos que inciden en la seguridad ciudadana de prevalente responsabilidad del gobierno local, relacionados con el cuidado de los espacios públicos tales como: iluminación, transitabilidad de las calles, micro basurales, refugios peatonales y puntualidad de transporte público, cuya desatención puede contribuir a crear territorios o situaciones de inseguridad. El correcto abordaje sobre los espacios públicos, debería incidir sobre las “situaciones” o “territorios”, para reducir las oportunidades, que favorecen la comisión de delitos.

La sola gestión del Estado es insuficiente para afrontar esta problemática, por lo que es imprescindible la actuación conjunta del gobierno municipal y las organizaciones de la comunidad, cuya capacidad para anticipar y ayudar en situaciones de riesgo, se evidencia claramente en la pandemia que la sociedad está afrontando.

Nos referimos a los Comités Barriales de Emergencia (CBE), las Asociaciones Vecinales de Fomento (AVF) y los Foros Vecinales de Seguridad (FVS), que con su actividad cotidiana permiten diseñar mapas, que señalan indicadores sobre necesidades alimentarias, infraestructura urbana y seguridad comunitaria, respectivamente.

Seguramente, encontraremos que en muchos casos coinciden los nombres de los dirigentes, son los líderes sociales, mujeres y hombres preocupados y ocupados en todas las problemáticas de su comunidad. También hallaremos coincidencias superponiendo los mapas, porque los problemas alimentarios, de infraestructura urbana y de inseguridad están estrechamente ligados y se expresan en los mismos territorios.

Los CBE, muestran el mapa del hambre. Son espacios de coordinación entre los movimientos sociales, Cáritas, las Iglesias, los clubes, las sociedades de fomento y todas las instituciones estatales del barrio, nacieron al inicio de la pandemia, como espontánea respuesta de supervivencia para afrontar la crisis alimentaria en los barrios más postergados, habiendo mostrado un alto nivel de organización y eficacia. A poco de funcionar, también comenzaron a ocuparse de episodios de violencia de género, violencia institucional y otras situaciones de inseguridad, en muchos casos favorecidas por el deficiente estado del entorno o ambiente urbano (deterioro de las calles, falta de luminarias, existencia de micro basurales, terrenos sin desmalezar, ausencia de refugios peatonales).

Las AVF, diseñan el mapa de necesidades de infraestructura en los barrios. Mediante convenios con la Municipalidad, pueden realizar el cuidado y mantenimiento de parques, plazas y paseos públicos, limpieza, mantenimiento y conservación de calles, corte de maleza en veredas y terrenos baldíos, limpieza y eliminación de basurales, construcción y mantenimiento de refugios peatonales. Superan el centenar y se extienden por todo el territorio municipal.

Los FVS, elaboran el mapa de inseguridad barrial. Son instrumentos de la democracia participativa que promueven la efectiva intervención comunitaria en la elaboración, implementación y control de las políticas de seguridad. Creados por la Ley de Seguridad Pública, han padecido las erráticas políticas de seguridad, pero la mayoría de los mismos ha mantenido su actividad posibilitando el funcionamiento ininterrumpido del Foro Municipal de Seguridad desde 1998.

La actuación conjunta del gobierno municipal y las organizaciones comunitarias es necesaria, sobre todo, en el momento de la elección del destino de los recursos públicos, para evitar la percepción de que puedan existir barrios protegidos y desprotegidos

Las prioridades deben ser cuidadosamente seleccionadas, por ejemplo, no tiene el mismo impacto social reponer una luminaria en Avenida Independencia -que tiene 6 columnas por cuadra, asfalto y señalización vial- que hacerlo en un barrio con una luminaria por esquina. Lo mismo podemos decir con respecto al estado de las calles, no reviste la misma urgencia acondicionar un simple bache, que reparar un hoyo inundado que impide el acceso al barrio de ambulancias y patrulleros. Siempre los recursos son insuficientes, siendo necesario asignarlos con un criterio de equidad social, tendiente a emparejar ostensibles situaciones de desigualdad.

Por último, consideramos conveniente la participación de la Defensoría del Pueblo, institución estatal que no integra el gobierno, cuya función es proteger los derechos de todos los vecinos y actúa con plena autonomía funcional y política, cuyos integrantes fueron propuestos y votados por instituciones de la comunidad (Organizaciones no Gubernamentales, Asociaciones de Fomento y Colegios Profesionales)

Expresaba recientemente el Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo en una nota periodística “la sociedad está tres pasos delante de la política”, valiente autocrítica con la que coincidimos. Tenemos la sensación de que mientras la sociedad transita en ascensor, la política camina por una escalera, frecuentemente con muchos descansos.
Esperemos que la política apure la marcha, para acercarse a la sociedad.
(*) Abogado