por Juan Sebastián Díaz Bosch 

En su última conferencia de prensa, donde anunció la quinta extensión de la “cuarentena” y tras su habitual exhibición de filminas, el señor presidente indicó: “Qué me importa cuánto dure la cuarentena” y seguidamente dio una pista de cuánto tiempo implicaba eso al decir que “la cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estén sanos y no se mueran”.

Corresponde, con el respeto que la figura merece, hacerle una sugerencia: “Sí, debiera importarle, señor presidente”.
En primer lugar corresponde aclarar que la imposición del aislamiento social, preventivo y obligatorio el 20 de marzo de este año fue una decisión atinada. Fue, circunscripta en su duración hasta el 31 de marzo (traslado de feriados mediante) una medida prudente, oportuna y proporcionada a la amenaza que se cernía sobre el pueblo argentino.

Establecer una cuarentena que cercenara muchos de los derechos constitucionales para que de este modo la población tomara conciencia de la pandemia y que permitiera que el sistema de salud se preparara para el pico máximo, sin dudas fue una buena medida.

En segundo lugar, es necesario aclarar que nadie pretende un levantamiento irrestricto del asilamiento. Nadie pretende volver a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Y esto no es una mera declamación, los hechos avalan esta postura: los sectores de la economía que han retomado su actividad lo han hecho bajo estrictos protocolos de seguridad e higiene, en condiciones que garantizan minimizar los riesgos de propagación de la Covid-19 y la detección temprana de casos. Y todos los protocolos han sido aceptados y son aplicados a rajatabla.

La aclaración es necesaria ya que cualquier voz disonante con la que emana del poder central de la nación es tachada de “poco empática”, “egoísta”, “inmoral” y hasta se la compara con los movimientos antivacunas o, ya en el límite de la ridiculez, con los “terraplanistas”.

Entonces, volviendo a los dichos del presidente y el objeto de estas líneas, ¿no debiera importarle al señor presidente la extensión de un aislamiento social, preventivo y obligatorio que hace tabla rasa con los derechos reconocidos en nuestra Constitución y tratados a ella incorporados?

Derechos a transitar, a ejercer industria lícita, a comerciar, a trabajar, a enseñar y aprender, de propiedad, de igualdad ante la ley, el principio de reserva, el federalismo y tantas otras garantías constitucionales están anuladas o seriamente limitadas por el aislamiento dispuesto por el poder ejecutivo nacional que ya lleva sesenta y tantos días.

Entonces, más allá del declarado propósito de mantenernos a todos sanos, ¿no debiera quitarle el sueño al presidente borrar de un plumazo todas esas garantías en aras de algo utópico como es procurar que los argentinos “estén sanos y no se mueran”?.

Entiendo la sensibilidad que lo embarga y la responsabilidad que tiene en esta situación. Pero, con mucho pesar y sin ser apocalíptico, debo decirle que los argentinos vamos a morir. No hoy, no mañana, pero algún día vamos a morir (tal vez sea la única certeza que tenemos en un país que repite sistemáticamente las crisis económicas, institucionales y sociales). Algunos tendrán la suerte de morir de causas naturales cuando hayan cumplido su propósito, otros tendrán muertes prematuras causadas por enfermedades tanto o más letales que la Covid-19, otros tendrán muertes menos dichosas a manos de delincuentes y muchos otros tendrán muertes insólitamente evitables.

Entonces, insisto, ¿no debiera preocuparse por poner fin al aislamiento lo antes posible, para así devolvernos el goce de nuestros derechos? Y, repito, el punto final no tiene que ser necesariamente la salida irrestricta del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Deberán seguirse estrictos protocolos, deberemos ser responsables, cuidadosos y evitar ciertas conductas que antes resultaban normales.

Y no hablo sólo de economía. Los hombres y mujeres de este país hacemos muchas otras cosas además de trabajar o trabajamos por motivos mucho más trascendentes que la retribución económica que podamos recibir a cambio, e incluso muchas veces “trabajamos” sin recibir una compensación económica. Basta como muestra señalar a la cantidad de personas que son voluntarios, ya sea en entidades religiosas, clubes, organizaciones no gubernamentales, sociedades sin fines de lucro, etc. que también están privados de ejercer su actividad.

Entonces, lejos de su desinterés, el presidente de la nación debiera estar desvelado por que el aislamiento social, preventivo y obligatorio que tantos derechos cercena, dure lo menos posible.

A más de sesenta días de aislamiento, con el anunciado refuerzo del sistema de salud, no pareciera ser un planteo descabellado que, con las debidas medidas de seguridad, nos encaminemos a un definitivo retorno a la actividad, ya que si para salir esperamos que estén dadas las garantías para que todos estemos sanos y no muramos, probablemente muramos aislados.

Así como el mundo nos sirvió de referencia y advertencia de lo que venía y permitió que el gobierno decretara la oportuna cuarentena, en este momento nos indica que permanecer en ella puede ser seriamente perjudicial, no sólo para la economía, sino para la propia salud de aquéllos a quienes se intenta preservar.

Mientras espero que al presidente le importe la duración de la cuarentena y devolvernos cuanto antes (y con las debidas medidas de seguridad) nuestros derechos constitucionales, me aferro a algunos de los pocos que me aún me quedan: peticionar a las autoridades (aunque sea desde estas líneas, ya que los mecanismos institucionales permanecen cerrados) y a publicar mis ideas.