La Unión Tranviarios Automotor, el gremio que nuclea a los choferes de colectivos, ratificó las medidas de fuerza por lo que no habrá, al menos hasta el viernes a la tarde, servicio de transporte público en Mar del Plata.

Se trata de una medida de fuerza a nivel nacional y las esperanzas para destarabar el conflicto están depositadas en una reunión que se realizará en Capital Federal, el viernes a las 15,30.

“Para levantar la medida, nos tienen que garantizar el pago de los salarios de junio, el SAC y también de la deuda de un bono no remunerativo y de un proporcional del SAC de dciembre”, advirtió el secretario general adjunto de la UTA, Adrián Giménez.

Jorge Stabile, secretario de Comunicación del gremio que nuclea a los choferes de transporte público de pasajeros, aseguró que la medida de fuerza “continuará hasta recibir una respuesta” al reclamo por el pago de los sueldos de junio y de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), además de la deuda que los empresarios mantienen con los choferes de servicios interjuridiccionales, suspendidos desde el 20 de marzo.“Los empresarios manifestaron no tener los recursos para hacerse cargo de los haberes. Estamos esperando desde el Estado los ATP -el subsidio del 50% de los sueldos-, el fondo compensador y los subsidios al servicio”, señaló

En Mar del Plata, el servicio de transporte nocturno (de 22 a 6) se encuentra interrumpido desde hace 10 días. La medida de fuerza comenzó luego que los empresarios les comunicaran a los trabajadores la decisión de suspender parte del personal ante la baja en la recaudación que generó la pandemia. Según señalan desde el gremio, la suspensión afectaría al 30% de la planta total. La medida se conoció luego que quedara en comisión de Transporte del Concejo Deliberante el pedido realizado por las cámaras empresariales del sector para aumentar el boleto de colectivos de los $25 actuales a $41,12. El pedido de los empresarios fue presentado el 21 de mayo y argumentaba la abrupta baja de usuarios en el servicio desde marzo.

Pedido a Nación y provincias

El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, pidió “a los Gobiernos nacional y provinciales la búsqueda de una solución para pagar los salarios y aguinaldos de los choferes de micros” en las provincias, en el marco del paro por tiempo indeterminado iniciado hoy en el transporte urbano de pasajeros del interior del país por retrasos en el pago de haberes.

Fernández planteó que “hace falta una solución política” al tema y precisó que “hasta que no paguen, los choferes no van a salir a trabajar”.

“Hace más de 100 días que estamos estancados por una situación como nunca vivimos”, indicó el titular de la UTA.
El dirigente reiteró el pedido realizado ayer por el gremio para “que se ayude a los choferes del interior del país porque no están en igualdad de condiciones con los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que la asistencia a las provincias es de 1.500 millones de pesos de Nación y 800 millones de los gobiernos provinciales, y eso no alcanza”.

“Algunos empresarios pudieron cumplir, pero la mayoría señala que, con la ayuda, no llegan a pagar el gasoil, salarios ni aguinaldos”, dijo el sindicalista, tras mencionar que “en la Comisión de Transportes del Congreso hay un proyecto que busca una salida para el interior, pero hace cuatro meses que da vueltas y no sale”.
Fernández destacó también que la UTA “no tiene problemas con el Gobierno ni con los gobernadores” pero que se necesitan “soluciones porque detrás de cada chofer hay una familia que mantener”.

“Por eso les reclamamos que busquen una solución política para destrabar el conflicto”, afirmó.

La UTA declaró ayer un paro por tiempo indeterminado que se cumple desde la medianoche en el interior del país y que no afecta a los servicios en el AMBA, mientras que el cese de tareas en las provincias no abarcaba al transporte de larga distancia.

En línea con lo expresado por Fernández, el titular de la UTA de Jujuy, Sergio Lobo, dijo que al AMBA se destinan “9.300 millones de pesos, mientras que todo el interior percibe 1.600 millones, por lo que esa disparidad provoca que las empresas no puedan asumir el pago de salarios”.