Domingo,15 de Febrero de 2026
Lo hizo el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Alberto Assef. Además, solicitó medidas cautelares para que el gobierno bonaerense se abstenga de ejecutar o permitir cualquier protocolo, reglamento o disposición referida a la interrupción voluntaria del embarazo.
Se estableció que los acusados habrían aprovechado la situación de vulnerabilidad en que se encontraban los trabajadores del lugar que se hizo famoso como "El Frutillar". Lo dispuso el juez Santiago Inchausti, que también ordenó embargos por 50 millones de pesos y dictó la falta de mérito respecto de tres capataces.
La denuncia de un empresario que firmó un contrato mutuo por 100 mil dólares con una alta tasa de interés y por fuera de las regulaciones del mercado financiero, abrió la investigación que desenmascaró las maniobras realizadas por la organización, que operaba con oficinas en el centro marplatense.
Solo en los últimos dos meses, Movistar registró 85 hechos de este tipo en distintos puntos de la ciudad, lo que afectó el suministro de los servicios de telefonía y banda ancha fija proporcionado a más de 5000 clientes.
Se trata de Juan Manuel Pettigiani, quien se había hecho un primer hisopado cuyo resultado fue negativo. Se presentó en un juicio y luego decidió hacerse otro que dio positivo. Está aislado en su casa.
La Policía Federal llevó a cabo operativos Mar del Plata y en Sierra de los Padres. Los efectivos, bajo las órdenes del fiscal Daniel Adler y el juez Santiago Inchausti, se incautaron de 150 mil pesos, seis vehículos, computadoras y otros objetos de valor.
Se trata de diez sujetos que el miércoles pasado fueron parte de un nutrido grupo de personas que llevó a cabo excavaciones en el barrio Las Canteras con el objetivo de robar cables del servicio telefónico para hacerse de cobre con presuntas intenciones de venderlo en el mercado negro.
El insólito hecho ocurrido en horas de la madrugada de este miércoles en el barrio Las Canteras derivó en la actuación de la Policía Federal, que detuvo a siete acusados. Además del robo, les imputan haber violado el aislamiento social, ya que no tenían permiso de circulación ni documentos.
Lo ordenó el juez federal Santiago Inchausti. Se trata de varios vehículos incautados en 2016, que pasaron varias semanas estacionados en los playones de Punta Mogotes en el marco de un caso de lavado de activos. Ahora serán utilizados para tareas vinculadas a combatir la pandemia del coronavirus.
Wilson Adalí Garzón López se encontraba bajo libertad condicional y en su quinta se repetía la misma realidad: trabajadores bolivianos eran explotados en largas jornadas laborales, sin registración, con montos y modos de pago por fuera de la ley, y en condiciones precarias de vivienda y seguridad.
