El secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, ratificó este jueves que el gobierno municipal enviará nuevamente este año el pliego del transporte al Concejo Deliberante, anunció que se mandarán las ternas para ocupar las vacantes en los juzgados de Faltas y anticipó la intención de modificar el Régimen General de Habilitaciones.

El funcionario comunicó estas decisiones al exponer sobre el presupuesto 2022 en la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante.

Aunque aseguró que se están “analizando” los “cambios o transformaciones” que se le harán al Servicio Integrado de Transporte Urbano (SITU, el pliego que fue rechazado el año pasado en el Concejo), Bonifatti refrendó “los rasgos principales” del proyecto. “Van a seguir siendo los mismos”, aseveró.

En ese punto, destacó que el pliego, que será elevado “en el primer semestre”, tiene que tener “combinación tarifaria, accesibilidad; incorporar tecnología, infraestructura al servicio del transporte público, una línea anular, coches de piso bajo y contemplar la opinión de los vecinos”. “Son temas que nos parecen centrales como política pública a llevar adelante”, afirmó.

“Podemos discutir cosas, sí, por supuesto; las estamos revisando”, agregó, pero dejó en claro los ejes de la propuesta se mantendrán. Enseguida marcó el objetivo oficial: licitar el servicio este año “y que el 2023 sea el año de la ejecución del nuevo sistema de transporte público para el Partido de General Pueyrredon”.

El secretario anunció además que este año el intendente enviará al cuerpo deliberativo las ternas para nombrar a los dos jueces de Faltas para reemplazar a los que se jubilaron y poner en funcionamiento el juzgado creado que aún no se abrió.

“Hemos tomado el compromiso, con la Comisión Asesora de Seguridad Vial, que uno de estos juzgados va a ser temático, exclusivo para seguridad vial”, subrayó Bonifatti. “Más allá de que todos atienden todo, cuando tenemos juzgados que tienen competencia exclusiva lo que se produce es el vínculo con la fiscalía, las segundas instancias y los organismos; un vínculo mucho más fluido que permite tener mejores resultados”, argumentó.

Al hablar de la Subsecretaría de Inspección General, que está bajo la órbita de Gobierno, Bonifatti resaltó “la experiencia del régimen especial de habilitaciones”. “Ha sido muy importante, nos ha dado respuesta en momentos en que la necesitábamos, pero nosotros creemos que tenemos que ir hacia una modificación del Régimen General de Habilitaciones”, remarcó.

El secretario anunció que este año el Ejecutivo enviará al Concejo un proyecto de modificación de esa ordenanza con el objetivo de que “todas aquellas innovaciones que están en el régimen especial y todas las que no ingresaron” pero facilitan los emprendimientos puedan hacerlo. “Tenemos que lograr que habilitar sea sencillo y no sea un calvario”, resumió.

Fotomultas

Al responder una consulta de la presidenta del bloque del Frente de Todos, Marina Santoro, el secretario de Gobierno aseguró que ya se están colocando los primeros dispositivos para aplicar fotomultas mediante el acuerdo con la Universidad Nacional de San Martín.

“Los convenios prevén actas de trabajo para llevar adelante la ejecución. En la primera se fija la colocación de 200 dispositivos semafóricos y 30 cinemómetros, que son los que miden la velocidad. A partir de allí, con el trabajo que hemos hecho con el Observatorio de Seguridad Vial y la Comisión Asesora de Seguridad Vial, le hemos enviado una primera nota a la Universidad para la colocación en una primera etapa de 40 dispositivos”, confirmó Bonifatti.

En ese marco “se ha comenzado la instalación de los primeros”, comentó. “Debemos haber instalado no menos de cinco y no más de 10 de una etapa de 40”, detalló. Pero aclaró que “ninguno está operativo” porque “están en un proceso de instalación, que es largo y complejo”.

Santoro advirtió que esto sucede cuando todavía no comenzó a tratarse el expediente en el Concejo. “Los convenios muchas veces se firman, se mandan a convalidar al Concejo y tienen principio de ejecución”, respondió el secretario, y aseguró que eso ocurre “en todos los gobiernos”. “Es una práctica habitual”, consideró. “Que sea habitual no quiere decir que sea legítima”, replicó la concejala opositora.