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La Ciudad 10 de julio de 2016

Tras el aval a los choripaneros, llega el debate por los food trucks

Se espera que en unos 10 días la Comisión de Obras ponga en tratamiento un proyecto de ordenanza para autorizar carros gastronómicos en la vía pública. También hay un pedido para habilitar la venta de pizza al paso.

Después de autorizar la instalación de puestos de choripanes en la vía pública, el Concejo Deliberante avanza en la elaboración de una ordenanza para permitir carros de comida rápida, que no son otra cosa que los mundialmente famosos food trucks.

El concejal Cristian Azcona (Frente Renovador) adelantó a LA CAPITAL que el proyecto de ordenanza, presentado por él en 2014 y que ya tuvo una serie de modificaciones por aportes de otros ediles, será tratado “en 10 días” en la Comisión de Obras del cuerpo legislativo.

La novedad llega en un momento en el que, además, esa comisión tiene en consideración un pedido para habilitar la venta de pizza por porción al paso, cuya posible aprobación genera preocupación en la Asociación Hotelera Gastronómica: lo considera lisa y llanamente una competencia desleal.

“La idea es producir y vender pizza por porción en un carro. Se origina frente a la tendencia de comer al paso en la vía pública mientras se va camino al trabajo, se pasea por el centro o se quiere tomar un ‘break’ para comer sin gastar demasiado”, explicó María Moroni en la nota que envió al Concejo para solicitar permiso para instalar un carrito en alguno de estos puntos: avenida Luro e Independencia, Diagonal Pueyrredon y San Martín o en la costa, a la altura del Casino Central.

Moroni mencionó a Bahía Blanca como ejemplo. “Desde hace unos años he visto algunos carritos de cono pizza, panchos, hamburguesas, además de los cubanitos, que son el típico carrito bahiense”, puntualizó, y señaló que complementaría la venta de pizza con la de empanadas y bebidas frescas.

La Asociación Hotelera tardó cinco días en presentar su advertencia al Concejo: la propuesta de la pizza por porción ingresó el 24 de junio y la de la entidad empresaria, el 29. En esa nota, reiteró “la preocupación de los empresarios gastronómicos por la regulación diferencial de oferta informal que se transforma en competencia desleal” para el sector.

“Si bien se entiende la importancia del emprendedorismo en la economía social, como las problemáticas que genera la actual crisis de consumo y empleo, nos alarman los efectos que pudieran generarse para los establecimientos gastronómicos legalmente establecidos, habilitados y registrados en el contexto de la economía formal”, apuntó.

La entidad que agrupa a las empresas hoteleras y gastronómicas advirtió que “un desequilibrio en la actividad con un impacto en la comercialización generado por un aumento de la oferta, además de las dificultades por los controles de los distintos organismos competentes, podría provocar el cierre de empresas, desempleo o una caída mayor de la rentabilidad”.

La Asociación especificó que en la ciudad hay habilitadas “alrededor de 540 empresas” dedicadas al rubro de las pizzas y las empanadas, las comidas rápidas o los bares y picadas. Todas ellas cumplen “exigencias impositivas, laborales, bromatológicas y de seguridad”, y a su vez enfrentan “los aumentos de los servicios básicos y la recesión en temporada baja”.

“No estamos en contra de la modalidad en sí ?explicó a LA CAPITAL el presidente de la Asociación, Eduardo Palena?. Estamos en contra de que los requisitos sean totalmente distintos y de que después no se controle como corresponde”.

“Revolución gastronómica”

Azcona está convencido de que para el verano habrá “entre 10 y 15” food trucks en Mar del Plata. “Estos carros implican una revolución gastronómica”, dice entusiasmado, y promete que la regulación contendrá “exigencias extremas de salubridad”.

Entre los argumentos de su proyecto, el concejal recordó que en la ciudad “no existe legislación alguna que contemple estos emprendimientos, que sobrepasan en magnitud e impacto a los tradicionales puestos de venta de artesanos y de venta ambulante”.

Los carros gastronómicos, según la regulación que está en análisis, estarán dotados de un tráiler de dos ejes como mínimo y luces reglamentarias, estarán forrados por dentro con acero inoxidable o fórmica en las partes que tengan contacto con los alimentos, el piso será de material impermeable y tendrán al menos una ventana para la venta y una puerta de ingreso y egreso para el personal.

Deberán contar, además, con un informe técnico de un gasista y un electricista matriculados y de uno de bomberos. No será un negocio para cualquiera, sino para empresas con respaldo financiero. “Estamos calculando que instalar un carro como corresponde demandaría unos 500 mil pesos”, estimó Azcona.

De prosperar la ordenanza, el control de la conservación y cocción de los de los alimentos, la vestimenta, la higiene y la seguridad estará a cargo del gobierno municipal.

Los food tucks tendrán prohibido estacionar y vender su mercadería a una distancia menor de 100 metros de comercios que vendan mercaderías similares, no podrán instalar mesas, sillas ni sombrillas; tampoco tendrán permitido vender bebidas alcohólicas.

Los antecedentes

El verano pasado, casi una veintena de food trucks formaron parte de una feria de comidas y bebidas al aire libre en la zona de la Base Naval.

Las propuestas gastronómicas incluyeron desde pizza, empanadas, picadas y embutidos hasta sushi, hamburguesas, paella, rolls, café, jugo y cerveza artesanal. Además, se montó una carpa con comida saludable con yogures, pastelería, sándwiches veganos y vegetarianos, chocolates y helados.

En el aspecto normativo, el 26 de mayo el Concejo sancionó la ordenanza 22738, que autorizó la comercialización de productos cárnicos cocidos en puestos de venta en la vía pública, una medida que el intendente Carlos Arroyo había prometido a la Asociación Choripaneros Mar del Plata.

La norma establece requisitos y crea un registro público de postulantes para desarrollar la actividad. También establece que no podrá haber más de 50 cupos.

Si bien la ONG de choripaneros celebró la medida, otro grupo, encabezado por el Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública, aseguró que “sólo personas con capacidad económica son las que podrán desarrollar la actividad, y se perderá el fin social” de la ordenanza.